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Jueves 5 de abril de 2001 | |
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La Cámara del Crimen pidió el juicio político para el ministro Sartor |
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| VIEDMA (AV/AR).- La Cámara Tercera del Crimen de Roca pidió el juicio político del ministro Daniel Sartor. La Legislatura ahora tendrá -aproximadamente- 90 días para evaluar la acusación y, eventualmente, suspenderlo en sus funciones gubernamentales. Con la solicitud de juicio político, el tribunal pretende el enjuiciamiento de Sartor por defraudación contra la administración pública. La causa se origina en hechos de principios de 1990 y corresponde a presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Banco de la Provincia de Río Negro. Sartor era empleado de la entidad y fue cesanteado por dos causas penales. Luego, el ministro fue sobreseído en una de ellas mientras la otra siguió adelante en su proceso de enjuiciamiento. La causa ahora actualizada equivale a "un movimiento de dinero" de 128 pesos en caja de ahorro, explicó en su oportunidad Sartor. A principios de marzo, la Cámara pidió el desafuero del ministro de Salud y Desarrollo Social pero el presidente de la Legislatura, Bautista Mendioroz desestimó esa solicitud porque no constituía el instrumento que implementa la Constitución Provincial. Revisando su procedimiento inicial, el tribunal - que preside Fernando Sánchez Freytes e integran Jorge Bosch y Aldo Rolando- solicitó el juicio político con lo cual se pretende suspender y enjuiciar a Sartor. Según el método establecido por la Constitución, una comisión acusadora deberá evaluar el pedido judicial. Ese cuerpo se integra por los radicales Fernando Chironi, Luis Falcó y Víctor Medina, y los justicialistas Miguel González y Eduardo Rosso. Esa comisión forma parte de la sala acusadora, la cual, en definitiva, votará si prospera el juzgamiento legislativo. Además de aquellos legisladores, la sala se conforma con los radicales Juan Accatino, Néstor Castañón, Amanda Isidori, María García, Osbaldo Giménez, Alfredo Lasalle, Juan Muñóz, Alfredo Pega, Raúl Rodríguez y Miguel Saiz; y los justicialisas Eve Adarraga, Oscar Díaz, Alejandro García, Sigifredo Ibañez, Javier Iud y Silvia Jañez; y Guillermo Grosvald del Movimiento Popular. Por su parte, la sala juzgadora está conformada por los restantes diputados del cuerpo y lo preside el titular del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Sodero Nievas. Las dos salas se constituyen "por sorteo proporcional, de acuerdo a la integración política. La primera tiene a su cargo la acusación y la segunda el juzgamiento". La sala acusadora -según el artículo 153 de la Constitución- nombra una comisión acusadora para "investigar la verdad de los hechos en que se funde la acusación". La comisión debe presentar un dictamen en un plazo de 40 días a "la sala acusadora, la que sólo puede aceptarlo por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes". Aceptada la denuncia, "el acusado queda suspendido en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo". |
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