Lunes 23 de abril de 2001
 

Ahora denuncian a Emir Yoma por un gran escándalo de coimas

 

Es el caso de la millonaria maniobra que involucra a ex funcionarios argentinos y directivos de un banco español. En el escándalo, ampliamente investigado por este diario, se vio envuelta la provincia de Río Negro durante la gestión del gobernador Horacio Massaccesi, que empeñó el gas y el petróleo para una garantía, sin consultar a la Legislatura de la provincia, ni informar a la población sobre lo actuado.

  Emir Yoma, ex cuñado de Carlos Menem, y su hermano Karim, serán denunciados hoy por la Oficina Anticorrupción ante la Justicia, para que investigue si cobró coimas a un empresario italiano que quiso poner estaciones de servicio de gas natural comprimido en toda la Argentina.
"Río Negro" fue quien investigó este caso de corrupción, uno de los más importantes que involucra al país y, tangencialmente, a la provincia de Río Negro y que ocurrió a fines de la década de los 80.
Pero también serán denunciados otros ex funcionarios. Se cree que se trata del ex ministro José Luis Manzano, el ex titular de Turismo Francisco Mayorga y el que fuera segundo del ex ministro Mera Figueroa, Guillermo Hessingher, entre otros.
El actual gobernador boneaerense Carlos Ruckauf fue uno de los mencionados por el empresario Vittorio Serri, quien junto al ex directivo bancario Giorgio Solighetto -ambos italianos- llevan adelante millonarias demandas radicadas contra el gobierno argentino y, en Italia y España, contra ex directivos del ahora llamado banco Santander. Sin embargo, una fuente de la Oficina Anticorrupción reveló a este diario que no se advertían declaraciones y pruebas suficientes como para denunciar a Ruckauf, quien en esa época era embajador argentino en Italia.
A fines de enero, "Río Negro" dio a conocer documentación que incriminaba al actual gobernador bonaerense. Hubo dos grandes investigaciones de este diario acerca del caso: una a principios de 1999 y otra realizada en Italia en setiembre del mismo año.
Para Emir Yoma, hoy preso, se trata de un nuevo golpe a su complicada situación por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.
Esta nueva acusación penal, anticipada ayer por "Clarín", será presentada por la OA hoy en el juzgado federal de Gabriel Cavallo.
Dice el diario en su edición de ayer que "según fuentes enteradas del contenido del escrito que prepara la Oficina Anticorrupción, la embestida es una bomba, que además podría arrastrar al hermano mayor de Emir, Alfredo Karim". Recuerda que por ese entonces, Karim era secretario de Asuntos Especiales del ex canciller Domingo Cavallo. Antes de que Cavallo pasara a Economía, en febrero de 1991, Karim renunció por desavenencias con el economista.
La denuncia sostendrá que Emir Yoma habría intentado coimear a un empresario italiano que quería instalar en la Argentina -y finalmente no pudo- estaciones de servicio de GNC. "Clarín" anticipó que "según dirá la denuncia, Emir, que entonces era asesor de Menem, se habría ofrecido a solucionar de modo poco ortodoxo las complicaciones burocráticas".
En cuanto al papel de Karim Yoma, explica que Menem le había creado un puesto especial en la Cancillería y era el encargado de monitorear el "Tratado de Relación Asociativa Particular entre Argentina e Italia", como se llamó el acuerdo.
"El trabajo de Karim consistía en tramitar los pedidos de las pequeñas y medianas empresas que solicitaban el crédito generosísimo -a un interés del 2% anual, en dólares- que ofrecía Italia como parte del convenio".
Investigadores de la Oficina Anticorrupción viajaron en marzo a Italia. Tomaron como base preliminar de su trabajo la investigación de "Río Negro". En Milán recopilaron información y testimonios. La demanda contra el Estado argentino por este tema -también anticipada por "Río Negro" en 1999- será el soporte fundamental de la denuncia.
La Oficina Anticorrupción está dirigida por el ex juez José Massoni y el menemismo siempre acusó al organismo de "perseguir" a sus ex funcionarios. De hecho María Julia Alsogaray y Víctor Alderete han sentido en carne propia las denuncias de la OA.
La conexión argentina de la "tangente" había sido investigada mucho tiempo atrás por el entonces juez y hoy camarista Martín Irurzun quien llegó a procesar a los ex ministros de Obras Públicas bonaerenses Alieto Guadagni y Rodolfo Quiñones por las obras de saneamiento del río Matanza. Pero la Cámara Federal de entonces los sobreseyó y luego el sucesor de Irurzun, Norberto Oyarbide, paralizó la causa que hoy está cargo del juez Cavallo.

La maniobra

Como ya informó este diario, el Estado argentino y un poderoso banco internacional -el ahora Santander- fueron denunciados en los tribunales de Buenos Aires y de Milán por el empresario de Parma, Vittorio Serri, su ex socio argentino, Armando Torres, un ex director bancario, Giorgio Solighetto, y un ex funcionario del Ministerio del Interior, Adalberto Orbisso, de haberlos extorsionados con pedidos de sobornos y, en algunos casos, falsas incriminaciones y hasta despidos, para la instrumentación de un millonario crédito que había sido aprobado en 1989.
Como los empresarios beneficiarios del crédito se negaron a pagar una "tangente" (coima) para construir 50 estaciones de gas natural comprimido en todo el país, fueron presionados para ceder el negocio a otros empresarios italianos, los Castiglioni-Braghieri- conocidos en el país por haber regalado una Ferrari al ex presidente Carlos Menem.
Argentina era garante del crédito de los Serri y Formosa co-garante. La provincia de Río Negro, durante la gestión Massaccesi, se prestó a la maniobra co-avalando el préstamo "usurpado" a los Serri y destinado luego a los Castiglioni. Lo hizo mediante regalías hidrocarburíferas. Este respaldo no pasó por la Legislatura ni fue comunicado a la población en el Boletín Oficial. El crédito era para edificar dos hoteles cuatro estrellas en Mendoza y Córdoba, para lo cual se utilizó la misma estructura crediticia aprobada para las estaciones de servicio una vez que se frustró la cesión del negocio de las estaciones por parte de Serri.
Además de Ruckauf, se involucra al ex asesor Miguel Angel Vicco, al ex ministro José Luis Manzano, al ex titular de Turismo Francisco Mayorga, a Emir y Karim Yoma y al segundo de Mera Figueroa, Guillermo Hessingher, entre otros.
Se señala que los ex funcionarios actuaron en complicidad con ex directivos del Banco Hispano Americano (hoy Santander). Los denunciantes acusan a los funcionarios bancarios Ignacio Benavídez, Delfín Rapado, Contreras, Felipe Núñez, entre otros.
La primera acusación contra Ruckauf fue hecha a "Río Ne-gro" por el inversor parmesano Vittorio Serri, dueño de la empresa MAT. En aquella oportunidad ( septiembre de 1998), Serri dijo en Milán que el ex representante del Banco Ciudad de Bue-nos Aires en Italia, Giorgio De Lorenzi, le pidió una suma de dinero que iba destinada a Ruckauf. De lo contrario se bloqueaba el crédito.
Es más, Serri dijo entonces que se le había pedido una "tangente" del 5% del monto total del crédito que era de 110 millones de dólares. Tal acusación está ratificada en el libro de Hernán López Echagüe, "El hombre que ríe", de reciente aparición.
Justamente, por negarse a pagar la tangente (aunque se sospecha que pudo haberse pagado hasta un 2%), el empresario perdió el anticipo de materiales para las estaciones y luego muchos de sus bienes, ya que su empresa forzosamente quebró.
Pero en febrero de este año "Río Negro" obtuvo por escrito la ratificación de la denuncia que involucra a De Lorenzi y Ruckauf. Se trata de una respuesta al pedido de Adalberto Orbiso, el funcionario del ministerio del Interior que firmó la garantía soberana para el crédito de Serri y que fue apartado por sus superiores por oponerse a la maniobra.
Tanto Orbisso como Torres, Solighetto y Serri han sido perjudicados por la maniobra, al punto que perdieron bienes y trabajo y han padecido intentos de secuestro, amenazas de muerte y extorsiones. Los cuatro libran una batalla judicial hace años y que en febrero comenzará a ventilarse en tribunales de Milán.
Solighetto fue co-director de la sucursal Milán del Banco Central Hispano y quien tramitó el crédito para Serri y Torres con el fin de hacer 50 estaciones de GNC "llave en mano". Ha entablado demanda contra el Banco Santander y el Estado argentino, en este último caso por 30 millones de euros.
En la maniobra también se ve envuelto un prestigioso estudio jurídico argentino: Marval y O"Farrell. Esa consultora dio el visto bueno al crédito concedido a los Serri, pero sugestiva e inesperadamente se retractó luego. Para ese préstamo, el Estado argentino salió de garante y la provincia de Formosa de co-garante. El actual miembro de la Corte Antonio Boggiano había firmado el primer dictamen pero no se prestó al juego (con la retractación) y terminó renunciando a la sociedad del estudio.
   
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