Viernes 6 de abril de 2001

 

Piden seis años de prisión para el abogado Squilliario

 

Está imputado de haber estafado a una familia de crianceros del norte neuquino, que debía cobrar más de 300.000 pesos en una causa judicial por un accidente en el que una menor perdió un ojo. También pidieron pena para otros acusados.

  CHOS MALAL (ACHM)- El fiscal subrogante de la Cámara de Apelaciones de Zapala, Marcelo Hertzriken Velasco, pidió seis años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta para ejercer la profesión durante el término de la condena para el abogado Adrián Squilliario. Para el fiscal es responsable del delito de "defraudación en la entrega de cosas debidas".
Squilliario, Marcelo Vázquez y Néstor Smoldi fueron sometidos a juicio en la causa que se investiga defraudación de 300 mil pesos. El dinero debía ser cobrado por la familia Moya, del paraje Chacay Melehue, por un accidente con una arma, donde su hija Rosana Moya perdió un ojo.
El abogado querellante Rodolfo Rivarola coincidió en pedir los seis años de prisión, pero lo hizo por el delito de "estafa agravada por la minoridad de la víctima", inhabilitación especial por el doble de tiempo y pago por los daños y perjuicios. Solicitó para la familia Moya una indemnización superior a los 365 mil pesos.
Por su parte el abogado Ricardo Cancela solicitó la absolución de los tres imputados. En el caso particular de Squillia-rio afirmó "que debe ser absuelto y no por el beneficio de la duda, porque creo que si así lo hicieren también sería un agravio para mi cliente".
La sentencia se dará a conocer el próximo 16 de abril a las 13 en la Cámara de Apelaciones de Zapala.
Por más de cinco horas el fiscal Marcelo Velasco, el defensor Cancela y el querellante Rivarola expusieron sus alegatos, luego de que se diera lectura al pliego interrogatorio contestado por el diputado Orlando Rostán.
El legislador aportó datos que comprometerían la situación del empleado del estudio jurídico Marcelo Vázquez. "Escuché mencionar el tema sin mayores precisiones al señor José Guerrero en una charla informal habida con el nombrado y Marcos González en el bar Canay en el verano 1998/99", especificó Rostán.
El diputado fue consultado a raíz de las declaraciones efectuadas por González quien aseguró que Guerrero había manifestado en presencia del legislador haber visto a Vázquez con un fajo de dinero inusual por su manejo económico.

Falso testimonio

Guerrero desmintió esto en la primera jornada del juicio, pero con la declaración efectuada por Rostán deberá afrontar ahora una causa por falso testimonio.
El fiscal fue contundente al solicitar la condena de los tres imputados, pidiendo para Squilliario seis años de prisión de cumplimiento efectivo con inhabilitación absoluta para ejercer la profesión durante el tiempo de la condena.
Para Marcelo Vázquez el pedido fue de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y para Leandro Smoldi la de dos años de prisión de ejecución condicional.
El abogado querellante en cambio pidió seis años de prisión de cumplimiento efectivo para Squilliario, además de inhabilitación especial por el doble de tiempo y el pago por los daños y perjuicios ocasionados a la familia Moya estimados en 365.474 mil pesos.
Rivarola pidió para Vázquez tres años de prisión estafa agravada y se abstuvo de acusar al Smoldi.
En otro orden, Velasco solicitó a la cámara que se remitan testimonios al fiscal de la V Circunscripción para que se investigue la conducta del titular del juzgado penal Miguel Manso, a quien sindica como responsable de "malversación culposa e incumplimiento de deberes de funcionario público".
Velasco dijo que "quedó patentizado que durante diez días en esta causa no se pudo investigar, tiempo que gozó el imputado para retirarse del lugar del hecho con la suma de 300 mil pesos".
Para el fiscal la conducta de Manso debe ser investigada porque el "19 de diciembre se comunicó con Squilliario y no le informó a la fiscalía de esta circunstancia ni investigó sabiendo el día 17 diciembre de 1997 por boca de su propia secretaria que había ocurrido este acto de apropiación en contra de la familia Moya".
Velasco solicitó además que se investigue al empleado judicial Gabriel Palma quien "podría haber incurrido en conductas violatorias de su compromiso administrativo como lo es el deber de fidelidad".

   
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