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Miércoles 18 de abril de 2001 | |
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Los clubes le facilitaron el trámite al juez |
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Testimonios de irregularidades en los operativos de seguridad sirvieron para procesar a los policías |
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| BUENOS AIRES (DyN) - Para resolver los procesamientos de siete jefes policiales en la causa que investiga si hubo irregularidades en la seguridad para los partidos de fútbol, el juez de instrucción Mariano Bergés evaluó los dichos de un centenar de testigos, entre ellos del propio presidente de la AFA, Julio Grondona, y de los titulares de los principales clubes de la Capital Federal. Es que los clubes habían pagado por adelantado por una cantidad de efectivos que, según se determinó, no estuvo en su lugar garantizando la seguridad en los estadios. Según indicaron a DyN las fuentes del caso, Grondona negó ante el juez haber recibido "alguna denuncia de hechos concretos en los cuales los clubes hayan reclamado a la Policía Federal por no haberse verificado la presencia de la totalidad de efectivos contratados y pagados" para la seguridad de un partido. Sin embargo, el jefe de la AFA admitió que "sí le llegaron comentarios en reiteradas oportunidades por parte de los clubes grandes, por ejemplo Boca, Ríver y San Lorenzo". Mientras tanto, el presidente de Defensores de Belgrano, Marcelo Achile, dijo sentirse "totalmente indefenso ante los planteos de la Policía", ya que en las reuniones en las que se decidía cuántos uniformados asignar "el personal de dicha institución generalmente pide un número de efectivos sumamente alto para la recaudación del club". Según opinó Achile, los operativos de seguridad "son cada día más numerosos en personal policial, pero mucho más deficientes en su calidad". El titular de Boca, Mauricio Macri, en tanto, calificó a la relación del club con la Policía Federal como "cada vez más complicada". Además, el directivo xeneize denunció que la cantidad de efectivos "se fue incrementando progresivamente y aumentó en forma violenta a partir de la concesión del control de acceso a estadios contratado". Entre los siete procesados se encuentra el comisario general Oscar Lissi, que se desempeña hasta ahora como jefe de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, lo que equivale al número tres de la fuerza. A raíz de la situación planteada, el secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, dijo que una vez que el magistrado a cargo confirme oficialmente los nombres de los procesados, los involucrados serán pasados a disponibilidad automáticamente. Y remarcó que, si lega a la conclusión que fueron culpables, serán expulsados de la fuerza. No obstante, la actitud de Mathov había sido severamente cuestionada por el juez Mariano Bergés, quien incluso ordenó investigarlo porque creyó que el funcionario habría sido parte de una maniobra para que el jefe de la fuerza, comisario general Rubén Santos, no declarara en su despacho. Además de Lissi, el juez Bergés procesó al comisario general retirado Roberto Galvarino; a los comisarios en actividad Juan Bautista Miño y Juan Carlos Robles y al retirado Hugo Daniel López; al subcomisario Osvaldo Sangiorgio, y al oficial retirado Juan Carlos Duhalde, jefe de seguridad de San Lorenzo. |
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