Jueves 1 de marzo de 2001

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Investigación: Denuncian a un ginecólogo por practicar abortos en el hospital de Roca 28-02-01 [nota]

 

El debate fue más allá de los abortos en el hospital

 

La ausencia de una legislación que permita la planificación familiar e información sobre métodos anticonceptivos fue ubicada como uno de los detonantes para la práctica clandestina.

  ROCA (AR).- La investigación de este diario y la denuncia contra el ginecólogo roquense Alberto Paita, acusado de practicar abortos en el hospital "Francisco López Lima", generó numerosas repercusiones en la comunidad e instaló un debate más profundo sobre la falta de normas que permitan a cada ciudadano decidir sobre su cuerpo.
Por su parte el instructor sumariante de Salud Pública en Río Negro, Sergio Zucal, elevó ayer las pruebas reunidas contra el ginecólogo a la Junta de Disciplina (ver aparte).
Las opiniones se escucharon desde todos los ámbitos de la sociedad roquense. La gran mayoría de ellas coincidió en el repudio al delito imputado a Paita, a partir de una cámara oculta que lo muestra explicando los pasos para realizar una intervención ilegal. Al mismo tiempo, los que ahondaron en su análisis concluyeron en reconocer el desamparo en que se encuentran miles de mujeres argentinas ante la ausencia de medidas concretas que ayuden a la planificación familiar y la anticoncepción.
"El caso Paita no debe llevar la discusión a la falsa dicotomía "aborto sí, aborto no". Ese no es el tema. Lo que está en juego, una vez más, es la cuestión de la planificación familiar, la anticoncepción", sostuvo el pediatra Francisco Galeano.
"Creo que hay que aprovechar este momento repulsivo que provocó la denuncia para sacar las caretas hipócritas. Hay cientos de chicas indefensas a las que se les complica su vida de un modo más que riesgoso cuando recurren a la clandestinidad para abortar", agregó.
Hubo numerosas manifestaciones advirtiendo los riesgos a los que se exponen innecesariamente muchas mujeres por la obligación de practicarse un aborto en la clandestinidad.
El desequilibrio psicológico, la falta de seguridad por introducirse en un mundo sin reparos legales, la posibilidad de morir y los compromisos asumidos ante necesidad de dinero para pagarle al "abortero" se hallan entre las consecuencias que afrontan hoy quienes optan por interrumpir su embarazo.
En cuanto a la hipocresía de la sociedad, que conoce la situación y se calla, queda en claro que uno de los mayores responsables, por no cumplir con las obligaciones creadas por leyes es el Estado.
En el caso puntual de Río Negro, existen deficiencias en la implementación del Decreto 403/87, que instituye el Programa Permanente de Promoción de la Mujer, mediante el cual el Estado provincial debe asegurar a la mujer rionegrina una serie de servicios básicos, como cobertura en los programas de atención médica, salud física y men-tal de la mujer, además de un servicio de asesoramiento en materia de planificación familiar, de nivel preventivo, que incluya tanto información como provisión de medios contraconceptivos.
Otra falla se advierte sobre la Ley 3.050/96, de Creación del Programa de salud reproductiva y sexualidad humana. La norma fue elaborada para "asegurar a los habitantes de la provincia el ejercicio de manera libre, igualitaria, informada y responsable los derechos reproductivos como la realización plena de la vida sexual, la libre opción de la maternidad/paternidad y la planificación familiar voluntaria y responsable.
Tampoco se cumple correctamente con la Ley 3.097/97 de Protección Integral y Promoción de los Derechos del Niños y del Adolescente, donde el Consejo Provincial de Salud Pública debe instrumentar, entre otras acciones, servicios de asistencia gratuita y asesoramiento de adolescentes y familiares para la prevención de embarazos no deseados.

Ahora analizarán todas las historias clínicas de las pacientes

La cinta de video lograda a partir de la cámara oculta, los registros de guardia de los últimos meses y diversa información complementaria llegaron ayer a la Junta de Disciplina de Río Negro.
El organismo es el único que posee facultades para decidir el futuro del ginecólogo Alberto Paita en el hospital "Francisco López Lima". Tanto el director del hospital, como el ministro de Salud y Desarrollo Social, Daniel Sartor, expresaron sus deseos de que el caso sea analizado a la brevedad para hallar una solución inmediata. El proceso se iniciaría con un sumario administrativo, que en el caso de corroborar las irregularidades en el desempeño del ginecólogo, derivaría en su destitución.
Las pruebas que recibió el organismo son las mismas que presentó Sartor el martes ante el juez Emilo Stadler.
El paso siguiente en la investigación iniciada por las autoridades sanitarias será el análisis exhaustivo de las historias clínicas de todas las pacientes que se atendieron con Paita en los últimos seis meses. Para llevar adelante esta tarea, se decidió nombrar un médico que no se desempeñe en el "López Lima" y colabore con el director del hospital. Ayer no había trascendido la identidad del profesional que acompañará a Mario Rivoire en el análisis.
Si bien la publicación de la investigación de este diario y la denuncia penal contra Paita generaron amplias repercusiones en la ciudad, en el seno del hospital se sintió más la conmoción. La primera pregunta tuvo que ver con la presencia de Paita ayer en el hospital, ya que la Junta de Disciplina recién recibió las pruebas por la tarde y el médico debía cumplir con sus obligaciones normalmente. La respuesta llegó cuando se informó desde la oficina de Personal que el ginecólogo presentó un certificado médico y no concurrió a su puesto de trabajo. (AR)

Escepticismo entre los médicos

Conocida la denuncia contra su colega Alberto Paita, el escepticismo reina entre la comunidad médica del hospital roquense.
La reacción de los profesionales es producto de la conjunción entre desconfianza, ya que se duda de los límites que se impondrían las autoridades sanitarias y la Justicia para profundizar la investigación y la falta de pruebas para que Paita quede detenido. Ante esto, consideraron que los elementos que por ahora incriminan al ginecólogo "no servirán más que para una condena social y eso no es suficiente".
Sin embargo, hubo otro punto que a los médicos del hospital les preocupó: la imagen de la institución. "Con esta denuncia, ¿cómo quedamos nosotros? La gente tranquilamente puede preguntarse: ¿no hacían nada?", señalaron. De inmediato se respondieron a sí mismos: "¿Qué podíamos hacer nosotros ante semejante impunidad con que se manejaba Paita?. Cuando algo no funciona, ¿a quién te vas a quejar?", concluyeron.
Por su parte, en el sanatorio Juan XXIII, la reacción fue cautelosa, aunque con signos de optimismo.
"Por fin llegó la cámara oculta a la región. Habría que salir con ella por todos lados", confesaron unos médicos que pidieron el anonimato. "Hay que dar nombres y apellidos de todos los que trabajan en la clandestinidad", pedían todos, "porque Paita no es el único. El es el detonante".
Otro de los sectores que se vio involucrado fue el Colegio Médico de Roca. "Es un hecho muy grave desde el punto de vista ético y profesional. Pero, en base a las pruebas, la Justicia deberá expedirse sobre el tema", indicó el presidente de la institución, Carlos Sosa.
El presidente del Colegio aclaró que Paita había dejado de pertenecer a la institución hace varios años, cuando dejó de aportar como socio.
"Cuando se presentan estas situaciones, surgen varios interrogantes. Pero lo más preocupante pasa por preguntarse cómo es posible que la provincia no haya ejercido los mecanismos necesarios para controlar y prevenir la conducta de los médicos", señaló el profesional, que hace más de 26 años trabaja en el área de Salud Pública rionegrina.
Además, agregó que "este tipo de hechos causan una conmoción muy grande en todo el ámbito médico, pero también en toda la sociedad". (AR)

"Hay muchas cosas que se hacen mal"

"En este hospital lo que falló durante años fueron los mecanismos de control y gestión".
De esta manera respondió ayer el director del hospital "Francisco López Lima", Mario Rivoire, cuando se le preguntó cómo es posible que un médico lleve adelante prácticas abortivas en el nosocomio sin que las autoridades se enteren.
"Hay muchas cosas que se hacen mal por errores durante la gestión de los trámites administrativos", reconoció el titular del hospital.
En referencia a la responsabilidad por la situación de su antecesor, Daniel León, señaló que no sabía si la Junta de Disciplina incluirá al ex director en el sumario que se iniciará por las denuncias.
"Río Negro" consultó ayer al propio León, quien volvió a negar conocimiento sobre la práctica de abortos en el hospital.
"Si me hubiera enterado lo habría denunciado porque es un delito, pero nunca supe nada", manifestó.
Este diario preguntó a continuación cómo podía ser que el nuevo director se haya enterado ni bien asumió y él no tuvo noticias durante los meses que estuvo a cargo de la dirección.
León dijo desconocer que Rivoire estuviera investigando el tema y menos aún que había una denuncia. (AR)

   
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