Neuquén busca recuperar valiosas tierras

Están ubicadas en un barrio residencial. El Deliberante había autorizado su venta, pero muy pocos quisieron pagar

NEUQUEN (AN).- La municipalidad inició acciones para recuperar propiedades de alto valor inmobiliario ubicadas sobre la calle Salta, en el acceso a la ciudad de Neuquén desde Centenario. Sobre estos lotes avanzaron conocidas figuras del ámbito político y particulares de buena condición económica.
La ocupación se produjo en franjas irregulares en dos manzanas de un exquisito barrio residencial del área centro oeste que, de acuerdo a una tasación oficial, valen alrededor de 300.000 pesos.
Actualmente, en donde debía haber un manto verde hay cocheras, parques y piletas de natación privadas.
Quedó un sobrante de tierra yerma y descuidada.
La ocupación se produjo hace varios años y a pedido de los intrusos de una manzana, el anterior Deliberante desafectó los lotes del dominio público y accedió a ponerlas en venta con la condición de que la recaudación sea invertida en nuevos espacio verdes en la capital.
Pero la transacción nunca se produjo.
Finalizado el trámite administrativo, a algunos ocupantes les pareció alto el precio, otros se hicieron los desentendidos y algunos pidieron pagarlo en cuotas durante 10 años.
"Haya sido deliberada o no la ocupación, si un particular con recursos económicos pretende quedarse gratis con la tierra o a un precio promocional, se equivocó de gobierno", advirtió el intendente Horacio Quiroga.
En este caso específico, donde existe una ordenanza anterior y el aval de Planeamiento Urbano, el jefe comunal acotó que sobre la base de "un acto ilegítimo, la máxima concesión es valuar los terrenos a precio oficial. La alternativa que les queda es pagar o desalojar". En caso contrario, habrá acciones judiciales.
La actual administración encaró sucesivas reuniones con los ocupantes de esa manzana pero sólo respondieron algunos de las cinco familias que avanzaron sobre unos 1.000 metros cuadrados del espacio público.
Según el subsecretario de Gestión Urbana, Carlos Di Camillo, no se pueden hacer acuerdos individuales, por lo que se hará una "última" intimación y de fracasar, requerirá a los concejales que reincorporen los terrenos al dominio público.
De no hacerlo, los derechos de la municipalidad sobre las valiosas tierras en litigio corren riesgo de prescribir.
Sobre la base de esta experiencia, la intendencia no está dispuesta a vender sin garantías los aproximadamente 2.000 metros cuadrados sobre los que avanzaron otras siete familias en la manzana siguiente.
Por esta razón, no gestionará el traspaso de la tierra al dominio privado si antes los intrusos no suscriben un compromiso en el que figure el precio final y el modo de venta de la tierra ocupada.
La tasación oficial es de 100 pesos el metro cuadrado.
En cualquiera de los casos, si los acuerdos no avanzan en forma expeditiva, la decisión es iniciar acciones de desalojo a las familias pudientes.
El intendente Quiroga fue claro: "la política de nuestro gobierno es recuperar la tierra pública, que tiene valor social o económico. En caso de no poderse, en las sociales reubicamos familias en riesgo en lotes mensurados, con agua y luz. Y en el resto, vamos a cobrar cada centímetro a precio de mercado. Quien vive y si tiene influencias, no sé ni me preocupa en absoluto".

Apelan la sentencia que permite la apertura de calles

NEUQUEN (AN).- La Defensoría del Pueblo apeló la sentencia que habilita a la municipalidad a proseguir las obras en el Parque Central, sobre la base de que el fallo no se expidió sobre la cuestión medular: la inconstitucionalidad de la ordenanza que autorizó la apertura de calles.
La presentación fue hecha ayer al mediodía al juzgado civil número uno a cargo de Enrique Videla Sánchez.
En 12 páginas, el escrito evalúa las consideraciones del magistrado y concluye que en el proceso del análisis "no valoró adecuadamente los hechos, la prueba y el derecho aplicable".
Tras recordar que la apertura a la altura de Rioja y Misiones en el Parque Central se produjo antes de ser aprobada la norma, insiste que no se cumplió el requisito de consulta pública establecida en la jurisprudencia vigente.
Subraya que el juez centró su análisis en la disyuntiva "apertura-no apertura", cuando en realidad la medida cautelar presentada por la Defensoría solicitaba que se declarara inconstitucional a la ordenanza.
La norma atacada por la Defensoría fue votada en disidencia por los ediles y provocó en aquella oportunidad la fractura del bloque aliancista. El sector disidente exigía el cumplimiento estricto de la Carta Orgánica y de las normas.
Precisamente, el escrito señala que "no se valoró el debate parlamentario de la sesión en que se sancionó la ordenanza cuestionada, del que surge palmariamente la irracionalidad y contradicciones con el ordenamiento jurídico vigente, puestas de manifiesto por los concejales que se opusieron a la sanción de la norma que, vale aclarar, representaban distintas extracciones político-partidarias". Consigna por otra parte que el juez no valoró las conclusiones de la UNC que el mismo juzgado requirió.