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Miércoles 28 de marzo de 2001 | |
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Complica a Sobisch el caso Punte II |
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Derivaciones en la causa abierta al gobernador, Cavallo y otros funcionarios |
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| NEUQUEN (AN) - Las situaciones del gobernador Jorge Sobisch, el vice Jorge Sapag, el ministro Domingo Cavallo y otros funcionarios se complicaron en la causa penal que Roberto Punte les inició por un delito penado con hasta 6 años de prisión. La Corte Suprema no le dio la razón a este abogado porteño en su reclamo de honorarios por 61.000.000 de pesos, pero sí dejó al descubierto que las autoridades neuquinas y nacionales de 1992 dieron información falsa en el inicio del proceso civil. La causa por "falsedad ideológica" fue iniciada en 1993 por Punte en el juzgado federal de Jorge Ballesteros. Varias veces los imputados fueron sobreseídos por el magistrado pero la misma cantidad de veces una Cámara Criminal Federal ordenó seguir adelante con el proceso. La denuncia de Punte es contra Sobisch, Cavallo, Jorge Sapag (era representante del gobierno en Buenos Aires), Alfredo Pujante (era ministro de Hacienda), Horacio Angiorama (ex fiscal de Estado), Edgardo Scotti (abogado de la fiscalía de Estado), Felipe "Pipe" Sapag (era vicegobernador), Juan Carlos Pezoa (ex subsecretario de Relación con las Provincias), Ricardo Gutiérrez (ex secretario de Hacienda) y Horacio Liendo (ex secretario Legal del ministerio de Economía de la Nación). En 1992 la provincia y la Nación llegaron a un acuerdo, fuera de los tribunales, sobre la demanda que Neuquén había entablado en 1988 por la incorrecta liquidación de regalías de petróleo y gas con el patrocinio de Punte. En enero de 1993, cuando la Nación depositó bonos llamados "de consolidación de regalías hidrocarburíferas", Punte se presentó ante la Corte para reclamar la regulación de honorarios por 61.400.000 pesos. Pero el gobierno neuquino, junto a los funcionarios nacionales de aquel entonces, respondió que la provincia no había recibido pago alguno; sólo papeles en garantía. La respuesta podría haberle hecho perder a Punte un juicio que, con poco trámite, paradójicamente habría generado honorarios para los abogados de la provincia superiores a los 6.000.000 de pesos. Pero la Corte siguió adelante con el proceso civil. Punte decidió denunciar a los funcionarios ante la justicia penal por lo que entiende que fue una maniobra montada para perjudicarlo. La última vez que la Cámara Federal revocó el sobreseimiento dictado por el juez Ballestero, dispuso que el proceso debía suspenderse hasta tanto la Corte Suprema se expidiera sobre el episodio, en el fallo definitivo de la causa civil. Como ese paso ya se cumplió, el abogado de Punte, Sergio Pizarro Posse, dijo ayer a "Río Negro" que "la causa penal tendrá ahora un desenlace". La intención es que Ballesteros procese a los imputados y se realice el juicio oral. "Estoy tranquilo", dijo Jorge Sapag, aunque recordó las palabras del jurista Carnelutti: "hay cosas peores que un juicio penal: la enfermedad o la muerte". De todos modos, "no hay argumentos jurídicos que amparen" a Punte, añadió. Como las fechas de los documentos ofrecidos como prueba son esenciales en esta causa penal, Punte pidió a la Corte, a través de un recurso, una aclaración sobre días y meses mencionados en la sentencia. |
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