La constructora y el gobernador, una relación privilegiada

El dedo, a la hora de asignar las viviendas

No hay licitación para definir quién construye la obra pública. Para eludirla, el gobierno se basa en un dudoso convenio

¿Por qué las casas populares no se adjudican a la constructora por licitaciones, como debería ser?
La existencia de leyes y decretos que habilitan la contratación directa es la única y pobre justificación que esboza el IPPV.
Jorge Ferreira, titular del organismo, recordó que la cesión directa viene de la ley 2.438.
Sin embargo, esa ley sólo aprobó en 1991 un arreglo extrajudicial entre la municipalidad de Cipolletti y Consultores Asociados, por el cual esta última se comprometía a obtener financiación para 4.000 viviendas .
El problema es que durante esa gestión Massaccesi se incorporó una cláusula adrede (y que se basó en un acuerdo ficticio), que reservaba para la empresa Drina un cupo en la construcción de 2.500 casas. Drina era una constructora cuyo verdadero dueño -según todas las evidencias recogidas- era el ex gobernador Horacio Massaccesi.
Es decir que lo que se hacía en forma dirigida antes se repite ahora. El plan habitacional de 2.000 casas mantiene el sistema de contratación directa, amparado en la ley 3.303 de 1999.
En síntesis, hay un hecho muy sugestivo. El marco legal por el cual a Mocciola y otras empresas se les asignaron casas sin licitación se inspiró en los procedimientos que justificaron una maniobra de privilegio: el trato especial recibido por Drina.
Otra cuestión: Ferreira dice que el instrumento de contratación amparado en la ley 3.303 incluye "el 50 por ciento de financiamiento privado" y tiene fijado un precio del metro cuadrado "interesante", aunque inmediatamente aclaró que el IPPV está proyectando "correcciones" para la segunda parte del programa, con el fin de bajar el valor del metro cuadrado en menos de 390 pesos.
¿Un50% de financiamiento privado? Por lo que se sabe, hay fondos Fonavi que están destinados a hacer viviendas.
Es posible que, como ocurre, la empresa demore en cobrar ese dinero, por lo cual la constructora bien podría verse obligada a financiar la obra unos meses.
Pero si para ello la firma debe buscar fondos afuera, la duda es qué intereses paga y, sobre todo, quién termina pagando esos intereses: ¿el usuario a través de un alto valor del metro cuadrado?
También Ferreira asegura que no hay empresa que no haya sido convocada para construir las viviendas.
Difícilmente sea como dice el titular del IPPV. Cualquiera sabe que la única manera de convocar a todos es a través de un llamado a licitación (que, como se ve, se saltea desde años a la hora de hacer obras).
Finalmente Ferreira dice que la adjudicación se hizo "según sus índices históricos de construcción y capacidad financiera".
Obviamente, esos parámetros hoy se ajustan a Roque Mocciola SRL, con lo cual en vez de imponerse el más "conveniente" gana el más "acomodado".
¿Quiénes son los que deciden "éste sí, éste no"?, preguntó "Río Negro".
El decreto 140 especifica que la calificación de las empresas corresponde a "una comisión de funcionarios del organismo provincial contratante".
Ferreira, primero no recordó los nombres, pero tras una consulta interna los dijo: Hernán Trejo, Alberto Menzel, Hugo Sanquigni y Alberto Gómez. Son los responsables de las áreas Legal, Técnica, Financiera y Administrativa del IPPV, respectivamente.

Foto: Jorge Ferreira, titular del IPPV. "No hay empresa que no haya sido convocada"