Zonco no declaró y el juez debe decidir si lo procesa

En diez días el juez Bustamante tendrá que decidir si procesa o sobresee al ex intendente Wálter Zonco en la causa que se le sigue por la presunta falsificación de un instrumento público. El mismo magistrado atendió otras causas.

SAN ANTONIO OESTE (ASA)- El ex intendente Wálter Zonco se abstuvo de declarar ayer ante el juez Jorge Bustamante en el marco de la causa por la presunta falsificación de un instrumento público, supuestamente producida con el fin de obtener un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta irregularidad, descubierta por dos entonces integrantes del Concejo Deliberante en la Unidad Ejecutora Provincial y posteriormente denunciada penalmente por el propio ex jefe comunal, desencadenó una grave crisis institucional en el Municipio de esta localidad.
Por orden de la Cámara del Crimen, la causa en la que estaba únicamente imputado el secretario de Hacienda del Municipio, Tomás Carnevale, fue enviada nuevamente al Juzgado de Instrucción para incluir a Zonco entre los indagados. Tras la comparecencia del ex mandatario, el juez Bustamante tendrá diez días hábiles para definir si lo procesa, dicta la falta de mérito o lo sobresee.
Minutos antes de presentarse ante el magistrado el ex intendente se manifestó "contento porque esta causa comience a definirse y se resuelva esta situación que yo mismo denuncié". El ex mandatario estuvo patrocinado por el abogado viedmense Raúl Digüero y según pudo saberse se abstuvo de declarar luego de conocer los detalles de la imputación.
La causa que se investiga está relacionada con la presunta falsificación de una resolución del CD producida en los primeros meses del 98, en las que se observaban las firmas denunciadas como apócrifas de su entonces presidente, Ernesto Perrone y el secretario Francisco Leal.
También se incluyó en el expediente enviado a la Unidad Ejecutora Provincial, organismo que intercedía entre los solicitantes de los préstamos y el Banco Interamericano de Desarrollo, un estado de ejecución presupuestaria de 1997 firmado por el propio Zonco, con datos que, según se supo no coincidían con los guarismos reales de ese momento en las arcas municipales. Cuando los ediles opositores descubrieron en la Unidad Ejecutora esos documentos apócrifos se inició un proceso de destitución que terminó con la suspensión del jefe comunal, tras la cual retornó al cargo.
Después de varios meses en que la causa estuviera inactiva, el juez Bustamante citó a Zonco a declarar aunque éste se abstuvo de manifestarse ante la requisitoria del magistrado, que tendrá 10 días para definir la situación.
En otra causa también a cargo del juez Jorge Bustamante, el ex secretario general del Sindicato de Obreros Portuarios, Omar Migueliz, declaró ante el magistrado acerca de su participación al frente del sindicato, defendiéndose de las acusaciones que lo señalan como presunto autor de los delitos de administración fraudulenta y usurpación. Migueliz fue citado a prestar declaración indagatoria en la causa que comenzó luego de que aparecieran cheques del sindicato destinados al pago de la cuota mensual en una escuela privada a la que asiste el hijo del gremialista.

Destituyen a un principal en el puerto

El principal a cargo de la subcomisaría 62 de la villa portuaria, Gabriel Vichich fue destituido de su función debido a las irregularidades descubiertas en la rendición y administración de los fondos de los servicios de adicionales de los efectivos de esa dependencia policial.
Ayer el juez Jorge Bustamante tomó declaración testimonial a los integrantes de la Cooperadora de la Unidad. Según relataron a este medio Gastón Fretes y Raquel Gerhold, presidente y secretaria de la organización, el titular de la unidad los convocó hace cerca de un año para que trabajaran en el mejoramiento de la institución.
Fretes y Gerhold reconocieron que en los últimos meses el propio Vichich adquirió un fax, computadora, cocina, mesa, sillas y otros elementos para la subcomisaría utilizando "fondos propios". Por ello destacaron la actitud del jefe policial por decidirse a equipar la Unidad.
No obstante, la justicia lo investiga porque los fondos de los adicionales deben ser rendidos en su totalidad. El 12.5 por ciento de lo recaudado se destina al fondo de equipamiento provincial y lo demás va a manos de los efectivos que realizan el servicio.
Ayer se presentó en esta localidad el jefe de Regional, Manuel Hernández quien lo separó del cargo.

Foto: El ex intendente sanantoniense, Wálter Zonco, asistió con su abogado, pero desistió de declarar.