MAS INFORMACION

Hubo otro desborde a la madrugada

En la toma "hay delincuentes armados", denunció Gorosito

El gobierno endureció ayer su discurso hacia los ocupantes de las 55 viviendas del IPVU en barrio San Lorenzo. Reveló que del análisis de la nómina de usurpadores surgió que hay 30 con antecedentes policiales y penales, algunos con condenas.

NEUQUEN (AN).- El gobierno neuquino endureció su posición y cerró cualquier posibilidad de diálogo con los usurpadores de las 55 viviendas del IPVU a quienes definió como "peligrosos delincuentes armados".
"Esperemos que la gente se de cuenta que en las casas hay peligrosos delincuentes armados y dispuestos a disparar", advirtió el ministro de Gobierno Jorge Gorosito, cuando se le consultó si temía que pudiera producirse una muerte.
Anoche, la Policía mantenía una fuerte guardia alrededor de la zona de conflicto. Los vecinos del barrio organizaron una radio abierta que aglutinó mucha gente sobre la avenida Godoy, el epicentro de los enfrentamientos del jueves que se extendieron hasta ayer a la mañana.
"Esperemos que no haya muerte y esperemos que la gente se de cuenta de la clase de gente que está en las casas", añadió el ministro.
Es que ayer a la mañana, al cabo de la violenta refriega del jueves que se extendió hasta la madrugada, aparecieron vainas servidas de pistolas nueve milímetros (como las que usa la policía) y de otros calibres en distintos puntos de ese barrio. Ya el jueves a la noche una persona mayor de edad tuvo que se asistida por una herida de arma de fuego.
"La Policía no dispara balas de plomo", afirmó anoche el ministro de Gobierno quien no alentó ninguna posible salida a no ser que los usurpadores dejen las casas que ocuparon el sábado pasado.
Desde muy temprano Gorosito dejó clara la posición del gobierno en torno a los usurpadores. Entre otras cosas reveló que en el análisis de la nómina que los ocupantes de las casas presentaron al IPVU se detectó que hay 30 con antecedentes policiales y penales, entre ellos algunos con condenas en suspenso.
La Pastoral Social del Obispado, que junto a organismo de derechos humanos tuvo una activa participación para descomprimir los enfrentamientos el jueves a la noche, reclamó al gobierno que abra alguna vía de negociación.
"El no diálogo se transforma en una herramienta violenta, que lleva a la gente a la desesperación y la desesperanza. Consecuentemente se suceden hechos que luego son criticados y lamentados por quienes tienen la obligación de prevenirlos y garantizar la paz social", expresó la Pastoral Social Diocesana.
El equipo del Obispado, según pudo establecer este diario, tenía previsto reunirse ayer con el diputado del Movimiento Popular Neuquino, Oscar "Cacho" Gutiérrez, para iniciar una suerte de mediación. Pero Gutiérrez no se presentó al encuentro, a pesar de que fue él quien lo solicitó en pleno fragor de la batalla el jueves a la noche. Gutiérrez integra una comisión legislativa que tenía la misión de buscar una salida. La misma se disolvió a poco de ser creada. Lo desmintieron, pero ayer se supo que los diputados Oscar Gutiérrez (MPN), Ricardo Villar (Alianza) y Aldo Duzdevich (PJ) sí habían formado una comisión para negociar una salida en paz del conflicto, pero el breve camino andado quedó destrozado de un día para otro cuando el presidente del bloque oficialista en la Legislatura, Julio Falleti, salió a advertir que la oposición estaba "al acecho" de un desenlace violento para sacar provecho.
Las fuentes consultadas por "Río Negro" coincidieron en que Gutiérrez reprochó reiteradamente a Falleti esta actitud e intentó convencer a Villar y Duzdevich de seguir adelante, pero la irritación superó la voluntad. A este episodio se le sumó el reconocimiento de pertenencia al MPN que hicieron muchos de los ocupantes del plan de viviendas. Paralelamente, la Justicia investiga si el concejal del MPN, Sergio Bastías, instigó o no a la ocupación de las viviendas tal como denunciaron usurpadores. Gorosito afirmó que tiene "plena confianza" en el concejal. Cuando se le preguntó si tuvo algún encuentro con Bastías el ministro contestó: "esas son cosas particulares". Enseguida admitió que en todo el día no tuvo contacto con Gutiérrez, quien tampoco estuvo en el barrio tomado y no contesta el teléfono. Ayer los usuarios de teléfonos fijos fueron objeto de una encuesta que les ofrecía dos alternativas luego de una explicación de los sucesos pasada por un cristal oficialista. Tras la reseña que ofrecía un discurso similar al que empleó el ministro de Gobierno, se preguntaba si las autoridades debían continuar las negociaciones con "el grupo de usurpadores" o debían abandonarlas por completo.

Investigan al concejal Bastías por la instigación

NEUQUEN (AN).- El fiscal Rubén Cano inició una investigación de oficio para determinar si el concejal del Movimiento Popular Neuquino, Sergio Bastías, instigó o no la ocupación de las 55 viviendas del IPVU en el barrio San Lorenzo.
Según los usurpadores, Bastías fue quien les indicó cuáles eran las casas que no tenían preadjudicatarios y los alentó para que las ocupen. La acusación fue repetida a por lo menos dos medios de prensa, entre ellos a "Río Negro".
Desde el martes este diario ha intentado infructuosamente hablar con el concejal que, desde hace 48 horas, está en la mira de la Justicia. Bastías no ha contestado ninguno de los llamados porque, según un allegado, "le aconsejaron que no hable con nadie".
La instigación fue uno de los tema medulares al inicio de este caso. El primero que habló del mismo fue el ministro de Gobierno Jorge Gorosito, quien el domingo deslizó que la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) podría haber incitado la ocupación. Pero después el presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), Raúl Di Nenno, admitió que sabía de la ocupación con una semana de anticipación.
Desde ese momento, desde el gobierno ya nadie agitó la posible instigación, hasta que los usurpadores pusieron a Bastías en el centro de la escena. El concejal tiene una larga militancia como vecinalista y de hecho fue ese trabajo partidario el que le permitió conseguir una banca en el Deliberante neuquino. El edil, que en un primer momento apoyó a los ocupantes con su presencia en el barrio ocupado, luego tomó distancia de la situación. Cuando se lo consultó sobre el caso a Gorosito, el ministro se limitó a contestar que tiene "plena confianza en el concejal".

Los jueces también lloran

NEUQUEN.- Algún lagrimón se le debe haber piantado al juez Juan José Gago, cuando apareció el jueves por la noche entre los gases para pedir el retiro de las tropas policiales que reprimían a los familiares y vecinos de los ocupantes del barrio Utedyc, cerca del estadio Ruca Che.
Gago, el único funcionario que acudió al lugar donde se enfrentaron durante cuatro horas manifestantes y policía para calmar los ánimos, tal vez haya logrado exorcizar en parte el fantasma de Confluencia. En el barrio donde murió quemado en febrero uno de los vecinos que habían usurpado una vivienda, el juez de la causa, Roberto Abelleira, brilló por su ausencia durante los procedimientos.
El tema fue motivo de polémica entre poderes. El ministro de Gobierno Jorge Gorosito recriminó a los jueces que no se presenten en los allanamientos que ordenan. Desde la justicia apelaron a doctrina de la Corte que recomienda a los magistrados no involucrase en los procedimientos.
Pero Gago dejó la doctrina de lado. Acaso porque la toma de San Lorenzo es una papa caliente que nadie, ni siquiera el propio magistrado, sabe cómo puede llegar a terminar.
La escolta de Gago, fue también inusual para un juez: de un brazo lo tomaba Gladys Rodríguez, de la Red Patagónica por los Derechos Humanos, y del otro lo acompañaba el ex candidato a gobernador por el Frente de la Resistencia, Jesús Escobar.
Poco antes, una delegación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo había salido a buscar a "alguna autoridad, a Casa de Gobierno o a la Legislatura", sin suerte. (AN)