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Gorosito: "Se contestó la agresión"

La toma derivó en una batalla campal entre los vecinos y la policía

El detonante fue el aumento del despliegue policial verificado durante la tarde.

NEUQUEN (AN).- La usurpación de las casas del IPVU derivó ayer en un caos. El barrio San Lorenzo estalló ayer con un violento enfrentamiento entre vecinos y policías que se extendió hasta pasadas las 23.15. Al cierre de esta edición, las cosas se encaminaban a un arreglo merced a la intervención del juez Juan José Gago. En medio de un infierno, los choques se expandieron a un radio de unas diez cuadras.
Un herido de bala de plomo y otro con un arma blanca, personas con principio de asfixia por efecto de las granadas de gas lacrimógeno y otras víctima de los balazos de goma era el saldo del choque que comenzó poco después de las 19 en pleno corazón del barrio San Lorenzo, sobre la avenida Godoy y en las inmediaciones del gimnasio Ruca Che.
Patrulleros y autos particulares destruidos a pedradas, techos y vidrios perforados, corridas por las calles e interminables secuencias de estampidos marcaron el ritmo de la noche en el sector oeste de esta ciudad, el que mayor cantidad de población concentra. Sólo en San Lorenzo viven 40.000 neuquinos.
Los incidentes se iniciaron fuera del perímetro de las 55 viviendas que desde el sábado está ocupado por otras tantas familias que reclaman al gobierno que se les otorguen las casas. Anoche, en conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Jorge Gorosito, reiteró que no otorgarán las casas, justificó la acción policial y sorprendió diciendo que las viviendas de la discordia habían sido adjudicadas 24 horas antes a la ocupación.
Pasadas las 23.15, el juez Gago logró establecer un principio de acuerdo: se franquearía el ingreso de alimentos a las viviendas, se liberaría a los cinco detenidos y los vecinos depondrían su belicosidad a cambio del retiro de la policía.
El impresionante operativo policial que se levantó en la tarde alrededor del barrio y el nerviosismo de la gente que estaba en el interior caldeó los ánimos de los vecinos que presenciaban a la distancia los movimientos en las 55 viviendas, que desde el lunes están cercadas por la Policía.
Primero fueron unas pocas piedras por parte de los vecinos -jóvenes en su mayoría- que tuvieron como respuesta balazos de gomas y gases. Así, en pocos minutos y ante el incremento de policías en la zona, se multiplicaron los manifestantes que con piedras arremetieron contra los uniformados. Lo que empezó con un grupo de niños y jóvenes enfrentando a los policías se transformó en tres choques simultáneos sobre la avenida Godoy que entrada la noche crecieron a cinco o seis focos de conflicto. A la vez que la Policía avanzaba contra los manifestantes (que usaron chapas como escudos) más gente se sumó al enfrentamiento, entre ellos muchas personas que reaccionaron indignados porque sus casas fueron rociadas con gas.
El estallido fue seguido desde adentro por los usurpadores quienes, a pesar de la tensión que inundó a toda la zona, no participaron de la revuelta que llegó más por la irritación que provocan los uniformes que por el reclamo de los ocupantes.
En rigor, el choque, uno de los más violentos que se recuerde en esta ciudad, se potenció a la par que la policía aceleró con la presión psicológica (controles, advertencias, filmaciones) que mantenía hacia con los usurpadores.
Poco después de las 20, una delegación integrada por integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de la Pastoral Social del Obispado intentó calmar los ánimos y buscó negociar con el jefe a cargo del operativo, el comisario inspector Víctor Herrera. La estrategia funcionó en uno de los piquetes, pero fracasó estrepitosamente en el otro. Herrera, incluso, recibió golpes por parte de los manifestantes. Unos minutos después, el funcionario policial clamó la intervención de los organismos por los derechos humanos: "Ustedes tienen el poder, hagan algo ustedes", pidió Herrera cuando los desmanes ya eran incontrolables.
Dentro del sector tomado, los usurpadores volvieron a reclamar la presencia de alguna autoridad de gobierno para buscar una salida al conflicto que ayer llegó al sexto día. También pusieron el grito en el cielo cuando corrió la versión que los obligarían a retirar a los niños (hay alrededor de 100) de las casas tomadas.

Impotencia

NEUQUEN (AN).- "Presionen ustedes arriba que tienen más poder. Nosotros no podemos hacer nada". En la estruendosa y alborotada noche del barrio San Lorenzo se escuchó ayer esta confesión de impotencia de boca del jefe del departamento de Seguridad, comisario inspector Víctor Herrera.
El jefe policial, a cargo del operativo, dialogaba nervioso con representantes de los organismos defensores de los derechos humanos intentando vanamente hallar una solución al enfrentamiento entre jóvenes armados con piedras y policías armados como en las épocas violentas de Cutral Co.
La pulseada verbal que no llegó a ninguna parte giraba alrededor de un pacto que, de concretarse, tampoco tenía sello de garantía: los voceros de los organismos de derechos humanos clamaban el repliegue de la fuerza de la zona de los enfrentamientos y ofrecían a cambio un "alto el fuego" de la lluvia de piedras que disparaban los incansables jóvenes. A pocos metros de esta frustrada gestión, otro jefe policial mantenía una conversación con algunas representantes de Madres de Plaza de Mayo. Una ronda formada alrededor de este policía presenciaba la siguiente afirmación: "Yo también soy pueblo y esto nos duele. No queremos que un chico de estos salga lastimado". A cien metros ardían los pastizales y sorprendía el fugaz paso del director de Prensa Francisco Salvatori acompañado por camarógrafos, que llegó para registrar imágenes. En medio de la penosa situación alguien preguntó inocentemente: ¿Será para el noticiero de TN?

"Nunca estuve en una situación tan límite", dijo el juez

NEUQUEN (AN).- "En 30 años que estoy en la Justicia nunca estuve en una situación tan límite, donde tengo que hacer cumplir la ley y a la vez preservar la vida humana", confesó el juez Juan José Gago, que tiene en sus manos la resolución de las usurpaciones en el barrio San Lorenzo Sur.
En el juzgado penal dos cayó hace seis días la denuncia de la empresa Roque Mocciola. En la madrugada del sábado, 55 casas de un plan del barrio San Lorenzo fueron ocupadas por familias de distintos barrios. Entre los usurpadores hay 124 chicos y cinco mujeres embarazadas.
Hay razones de peso que justifican que Gago no haya tomado una decisión: el grupo más "duro" de los ocupantes sostiene que si intentan un desalojo se inmolan o incendian las viviendas.
"Es que ya estamos jugados", argumentó José que tiene 21 años y es padre de una nena. "Nos tienen filmados, con nombre apellido y que somos de la ley 2128, más escrachados no podemos estar", describió ayer.
El juez debe esperar que el gobierno flexibilice su postura de no dialogar con los usurpadores o decidir presionado por el mensaje que desde el mismo sábado le envía el gobierno y que el lunes sintetizó la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Alicia Comelli: "la usurpación es un delito según el artículo 181 del Código Penal".
El ministro de Gobierno, Educación y Justicia, Jorge Gorosito, repitió en todos los medios de comunicación que "no vamos a mantener ningún contacto con quienes violentan las normas".
Sin embargo el gobierno envió el martes siete personas al lugar donde se suceden los hechos para "conocer quiénes son los usurpadores". Así lo reconoció el jefe de Gabinete, José Brillo, en un programa de televisión.
El día anterior los ocupantes se declararon afiliados al Movimiento Popular Neuquino (MPN) y revelaron que participaron en la campaña al gobernador Jorge Sobisch en 1999. El miércoles, los integrantes del nucleo más duro de la ocupación revelaron que el concejal emepenista Sergio Bastías los animó a ocupar las viviendas.
El juez considera que el trasfondo del conflicto es la aguda crisis social que viven el país y la provincia. El recuerdo aún fresco de lo ocurrido hace un mes en el barrio Confluencia, donde la usurpación de 17 viviendas derivó en un violento desalojo por parte de la policía y en la muerte del canillita Rubén Arias, ronda su escritorio desde hace seis días.