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Miércoles 14 de marzo de 2001 | |
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Revisarían honorarios en la causa DGR-Echevarría |
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La presentación la había hecho la Fiscalía de Estado. La Justicia hizo lugar a la apelación y a partir de esa medida podrían revisarse los honorarios regulados para los profesionales. |
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| SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La justicia civil hizo lugar a la apelación de honorarios establecidos en el litigio que perdió la Dirección General de Rentas frente a Raúl Echevarría, presentada por la fiscalía de Estado. La medida abre la posibilidad de revisar los montos regulados para los profesionales de ambas partes que actuaron en las distintas causas abiertas por el caso, que superarían los 700.000 pesos. El medio millón de pesos fijado para los defensores del escribano en la etapa final -la apelación del juicio ejecutivo- y los 580 pesos establecidos para los representantes de la DGR, Pandolfi- Knaup, no son la única regulación con consecuencias honerosas para las arcas provinciales. Las ramificaciones de la demanda original, perdida en primera instancia por la DGR con el abogado valletano Manuel Quesada como representante, generaron costas y remuneraciones profesionales en la resolución de cada etapa. La primera regulación fue dictada el 17 de abril de 1996 por el ex-juez civil, Enrique Mansilla, con carácter "provisorio" y estableció la suma de 98.028 pesos de honorarios para Quesada, todavía pendientes de pago. La remuneración de los defensores Botbol, Blanco Crespo y Huusmann fue absorbida por la valoración final de su trabajo realizada por el juez Jorge Serra, en febrero del año pasado, que asciende a 503.954 pesos. Hasta la fecha los abogados del escribano sólo percibieron unos 50 mil pesos correspondientes a una apelación paralela. En el incidente de apelación que puso en revisión el documento jurídico administrativo por el que la DGR reclamaba 1,2 millón de pesos a Echevarría -también perdida por la provincia- Quesada fue favorecido con unos 40 mil pesos de honorarios, no efectivizados aún. El complejo derrotero judicial de la demanda sustanciada y perdida por la provincia en los tribunales civiles no será cuestionado por la fiscalía de Estado que con la medida interpuesta aspira a frenar las consecuencias honerosas del mismo para el erario provincial. El representante del organismo en Bariloche, Roberto Stella, señaló con cierto alivio que "el objetivo de poner el revisión las regulaciones de honorarios se logró". El funcionario tomó parte en la causa en la etapa de ejecución de costas porque "el erario provincial estaba afectado", a partir de lo cual solicitó la nulidad parcial de lo actuado (centrada en la fijación de honorarios) y apeló las sentencias regulatorias ante el juzgado civil número 1. El titular del juzgado, Jorge Serra, rechazó el pedido de nulidad pero hizo lugar a la apelación, abriendo la posibilidad de reducir lo montos establecidos para los distintos profesionales intervinientes. La medida proveída por Serra, además, pone un freno al trámite administrativo iniciado por los defensores del escribano ante el ministerio de Economía rionegrino para cobrar sus acreencias con la provincia. El expediente aguarda un dictamen de la fiscalía de Estado que quedará en suspenso hasta la resolución de la apelación interpuesta por el organismo. La resolución de esta nueva instancia promete otro intrincado debate judicial, a la luz del año transcurrido entre la última determinación de costas y honorarios y la apelación presentada por la fiscalía de Estado, a la que se dio participación reciente en el caso. |
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