Martes 13 de marzo de 2001

 

El 25% de los deudores ya no paga la moratoria

 

Más de 30.000 contribuyentes se acogieron al plan de regularización tributaria lanzado por la provincia en agosto, pero unos 7.000 dejaron de pagar antes de finales del pasado año y representan 20 millones de la deuda consolidada. Ahora se relanzó el programa y los morosos podrán reinscribirse, antes del 30 de abril, con las mismas condiciones de los planes originales.

  VIEDMA (AV).- Uno de cada cuatro contribuyente que adhirió a la moratoria dejó de cumplir con sus obligaciones impositivas.
Más de 7.000 planes caducaron por falta de pago, según los datos de Rentas provincial. Esos deudores se habían acogido a la primera etapa del plan de regularización tributaria que comprendió de agosto a diciembre pasado.
La cartera impositiva relanzó la moratoria en marzo con el objetivo de recuperar los planes caídos, entonces se permite que esos contribuyentes se reinscriban en el programa. Esta segunda etapa inicialmente se extenderá hasta el 30 de abril.
Un 23 por ciento de los 31.000 contribuyentes plegados a la moratoria de la Dirección General de Rentas (DGR) dejaron de pagar, según se confirmó ayer oficialmente.
La totalidad de los deudores lograron consolidar 70 millones, distribuidos en cinco años que corresponde a los 60 meses previsto como máximo para los planes de pago.
Esta caducidad registrada en los primeros cinco meses del plan representa unos 20 millones de aquel monto, es decir, un desgranamiento impositivo del 34 por ciento de la deuda consolidada.
No obstante, el titular de Rentas, Guillermo Martínez, aclaró que la intención de mantener el plan fue para recuperar aquellos que se caían del sistema, por lo tanto "pueden volver con una "reliquidación" de la deuda" sin haber perdido parte de lo que pagaron.
El funcionario destacó que desde que se puso en marcha por segunda vez el plan de regularización ya se concretaron 500 planes nuevos. Ese registro equivale a unos 80 planes diarios, lejos de las 200 adhesiones de la primera etapa. El plan de regularización se inició en agosto, con vencimiento el 31 de octubre pero después existieron dos prórrogas más con lo que cual se llegó a fin de año.
Los 70 millones regularizados pertenecieron en un 54 por ciento a Ingresos Brutos, el 27 al Inmobiliario, 11 al impuesto Automotor y el 8 por ciento restante se distribuye entre Sellos y otros impuestos. Sin embargo, Rentas aún no tiene cuantificado a qué rubro pertenecen los que dejaron de pagar.
La moratoria alcanza todos los impuestos vencidos al 31 de octubre y prevé quitas del 50 por ciento en los intereses de la deuda y 75 por ciento en las multas. Además, se reducen intereses de financiamiento del 2 al 10 por ciento anual, según se trate de 12 a 60 meses.
El plan también mantiene una quita especial por pago al contado: reducción del 75 por ciento de intereses y eliminación de las multas. En cuanto a ciertos inconvenientes en la percepción de los pagos Martínez reveló que se iniciarán gestiones para incrementar en un centenar las bocas de cobro. Consideró "prioritario" resolver este inconveniente para mejorar los mecanismos de percepción.

Análisis

Conductas
La fuerte caída de la recaudación dada por la falta de cumplimiento de las cuotas en la moratoria, sin dudas repercutirá negativamente sobre las cuentas provinciales.
Las previsiones presentadas oportunamente ante las salientes autoridades del ministerio de Economía de la Nación, números que le permitieron al gobierno provincial acceder a la refinanciación de sus pasivos de los próximos cinco años, contemplaban un alto cumplimiento del pago de la moratoria impositiva.
Por lo tanto, lo que no se recaude en este concepto se trasladará al presupuesto como "mayor déficit al previsto".
Pero el desborde presupuestario no es sólo lo que preocupa al gobierno.
El incumplimiento existente en la provincia por el pago de impuestos es un fiel reflejo de una sociedad con sus valores deteriorados.
Esta claro que frente a estas conductas, difícilmente la sociedad le pueda reclamar al Estado provincial mayores fondos para seguridad, educación, justicia y salud.

   
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