La Justicia pide el desafuero de Daniel Sartor

La solicitud está relacionada con una causa penal de 1994, época en que era empleado del Banco Provincia de Río Negro

La Cámara Tercera del Crimen de General Roca pidió el desafuero del ministro Daniel Sartor para su enjuiciamiento por defraudación contra la administración pública.
El pedido de desafuero contra el ministro de Salud y Desarrollo Social está relacionado a una causa penal de principios de 1994, originada en la denuncia de autoridades del Banco Provincia de Río Negro por presuntas irregularidades en el manejo de fondos.
Sartor -por entonces empleado del banco provincial- fue acusado y, luego, cesanteado por dos imputaciones penales. En una de ellas, el ministro fue sobreseído y la otra siguió adelante en su proceso de enjuiciamiento.
En diciembre de 1998, la causa fue elevada a juicio oral y público. En julio de 1999, Sartor respondió -por nota- a una información de "Río Negro" y afirmó haber sido sobreseído de "toda culpa en la causa principal" mientras aclaró sobre la existencia de un segundo expediente por "un movimiento de dinero" de 128 pesos en caja de ahorro.
Durante ese año, el tribunal preveía convocar directamente al juicio porque Sartor sólo era secretario de Estado y no tenía inmunidad constitucional. No hubo resolución y, en diciembre de 1999, el gobernador Pablo Verani lo ascendió a ministro.

La causa penal

El pasado 3 de octubre, la Cámara modificó su integración: Fernando Sánchez Freytes reemplazó a Rafael de la Rosa y se sumó a Jorge Bosch y Aldo Rolando. Según fuentes tribunalicias, el nuevo miembro habría activado varias causas demoradas, entre ellas, la de Sartor.
Ahora, a principio de marzo, ese cuerpo judicial remitió a la Legislatura la solicitud de desafuero, basado en el artículo 184 de la Constitución, por el cual, los ministros tienen iguales "inmunidades que los legisladores". El artículo 128 establece que los diputados no puede ser acusados, interrogados ni detenidos y el artículo 129 prevé el desafuero a través de la Legislatura, siempre que exista un pedido de la Justicia y tras evaluar el sumario penal. Ese instrumento se habilitará con el dos tercio de los votos afirmativos del cuerpo legislativo.
Anoche, el presidente de la Legislatura, Bautista Mendioroz no pudo confirmar a "Río Negro" el ingreso de esa solicitud y sólo aseguró que hoy ofrecería mayor información oficial. Aportó un argumento valedero a su desconocimiento: Mendioroz está fuera de la capital provincial desde el pasado miércoles y entonces dijo no disponer de los últimos expedientes ingresados. Pero también sorprendió que el vice desconozca esa solicitud que -según las fuentes judiciales- Fernando Sánchez Freytes firmó el último 28 de febrero, es decir, ya pasaron más de 10 de días.
El enjuiciamiento en trámite es por supuesta defraudación a la administración pública. Ese delito contempla una pena de dos a seis años, con inhabilitación especial para ocupar cargo público. La defensa del ministro Sartor la asumió Oscar Pandolfi (AV/AR).

Insisten en el cumplimiento de la ética pública en Río Negro

VIEDMA y CIPOLLETTI (AV-AC).- Siguen insistiendo en la Legislatura en el proyecto que articula pautas sobre control y cumplimiento de la ética de la función pública para el desempeño de cargos en el estado provincial.
El tema fue retroalimentado por sus autores, los diputados Guillermo Grosvald (MPP) y Eduardo Chironi (Frente Grande), entre otros. "Esto debe ser definido lo más pronto posible porque se trata de una cuestión vital", dijo Grosvald.
Se consideran principios básicos la idoneidad y honestidad en el desempeño de los cargos, el resguardo de la calidad institucional y el derecho a la información de la ciudadanía y la garantía de mayor transparencia, registro y publicidad de los actos públicos.
De acuerdo con el proyecto -sobre cuyo fondo habría consenso, en general, entre todos los bloques, aunque existen disidencias en lo general- se establece la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas de bienes para el gobernador, ministros, secretarios, subsecretarios, vicegobernador, legisladores, jueces, magistrados, fiscales, representantes del Ejecutivo en empresas del estado, policías desde rango de subcomisario, Defensor del Pueblo y -entre otros- de toda aquella persona cualquiera sea su vinculación con el estado provincial que administre fondos públicos. Estas declaraciones tendrán que actualizarse anualmente y volverlas a plantear cuando se egrese de la función pública.