Cincuenta y cinco familias tomaron parte de un barrio en el oeste de Neuquén

Es un complejo habitacional que el IPVU y dos sindicatos están a punto de entregar. Uno de los sectores está adjudicado, y los beneficiarios fueron a defender sus casas. Hubo escenas de tensión pero no se registró violencia. Los intrusos amenazaron con incendiar las viviendas. Atribuyen la demora a especulaciones políticas y afirman que se trata de una acción coordinada.

NEUQUEN (AN).- Cincuenta y cinco familias de los barrios San Lorenzo, Gregorio Alvarez, Villa Ceferino y Don Bosco irrumpieron en un plan de viviendas del oeste de esta capital y quedaron enfrentados con otro grupo que llegó al sector contiguo del complejo habitacional para defender las casas que les habían sido adjudicadas.
La situación persistía a medianoche, sin que la policía desalojara el lugar, con el mutismo del juez a cargo del caso -Juan José Gago- y en medio de la tensión entre ambos grupos -los usurpadores disponían de elementos para fabricar bombas de tipo molotov-, que pedían la presencia de autoridades provinciales.
El ministro de Gobierno, Jorge Gorosito, dijo que no se negociará con los ocupantes porque "violentan las reglas de convivencia" . El vicepresidente segundo de la Legislatura, Ricardo Villar, se comprometió a gestionar la presencia de funcionarios para descomprimir la situación, y Gladys Rodríguez, de la Red patagónica por los derechos humanos, expresó su preocupación por la situación.
En un operativo coordinado con varios días de anticipación, las 50 familias -constituidas fundamentalmente por jóvenes menores de 25 años- entraron a las dos de ayer al sector del plan de viviendas que corresponde a Utedyc ante la impasible mirada de los efectivos policiales destacados en el lugar.
El Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo construye en San Lorenzo Sur y por un acuerdo con los gremios Utedyc y Smata un total de 150 viviendas en el predio comprendido entre las calles Moritán, Concordia, Casilda y República de Italia.
Los ocupantes de las viviendas son todos jóvenes de entre 18 y 25 años, con sus respectivas parejas e hijos. El denominador común de la mayoría es que viven con sus padres y están desocupados, y muchos son beneficiarios de la ley 2128 u otros programas de desempleo. No pueden acceder a una vivienda del IPVU por ser menores y por no poder afrontar la cuota de un plan de estas características.
Los adjudicatarios del barrio contiguo, que construye el IPVU con el Smata, atribuyeron responsabilidad a Di Nenno en la ocupación de las casas, y aludieron a versiones que desde mitad de semana anticipaban la toma. También criticaron la demora en entregar las viviendas -cuyo valor ronda los 28 mil pesos-, que ya están finalizadas y mencionaron la pasividad de la Policía. Del valor total de la vivienda, los adjudicatarios pagaron a la fecha el terreno donde están construidas.
Una de las jóvenes se quejó contra el gobierno porque, dijo, "nos buscan para elecciones para pagarnos 20 pesos por una pegatina pero después se olvidan".
Una vez que se conoció la toma de viviendas, llegó hasta allí el responsable de la comisaría 16, comisario Betancur. A la mañana temprano, en tanto, hizo lo propio el jefe de la policía Juan Carlos Lezcano quien les comunicó que debían abandonar las casas y según los jóvenes, los hizo responsable de lo que pudiera ocurrir en caso de que el juez ordenara el desalojo por la fuerza.
Sin embargo las familias sostuvieron en todo momento su decisión de resistir el desalojo. La mayoría se proveyó de combustible con el que fabricaron bombas molotov. "Nos dan las casas o les prendemos fuego" amenazaban.
Incluso dijeron que habían rociado algunas viviendas para defenderse de cualquier posible acción represiva de la policía.
El clima de violencia se enrareció aún más cuando los futuros propietarios de las viviendas del gremio Smata comenzaron a llegar para proteger sus casas.
Cada uno sabía cuál era la casa que le correspondía pero como sólo tienen una adjudicación precaria no podían ingresar o de lo contrario también serían usurpadores.
Se armaron de palos y hierros -uno hasta llevó un bate de béisbol- y así permanecieron en las puertas de las casas para evitar que sean usurpadas.
Si bien no pudo ser confirmado, desde el juzgado penal número dos, a cargo de la denuncia presentada por la empresa Roque Mocciola por usurpación, la primera disposición que partió fue la de evitar que se produjeran más ocupaciones.
Hoy la empresa dispondrá de un refuerzo de cinco empleados de vigilancia para acompañar la acción de la Policía provincial.
Los adjudicatarios se quejaron porque consideraron que tanto el plan de Utedyc como el de Smata ya tendrían que estar entregados y que no se efectuó la entrega por una especulación política. Atribuyeron, en todos los casos, la demora a la inminente campaña electoral.
La presencia policial en tanto se hizo sentir en todo momento con patrulleros, camionetas y motocicletas y hasta personal de civil en autos sin identificación policial rondaron constantemente el sector.
Un autobomba y una camioneta de los bomberos se estacionaron cerca del mediodía sobre la calle República de Italia a modo de prevención. Los miembros de la Policía uniformados que estaban por la mañana se retiraron del lugar y por la tarde quedó la vigilancia de personas de civil, que rondaban el complejo habitacional.

El gobierno "no convalida la usurpación", dijo Gorosito

NEUQUEN (AN).- El gobierno "no convalida la metodología de usurpación", dijo ayer el titular de la cartera política, Jorge Gorosito, y anticipó que no habrá negociación "con quienes violentan las normas de convivencia". Sugirió además la acción de sectores que alientan esta clase de situaciones en la toma y ocupación del complejo habitacional de ambos gremios.
Al cierre de esta edición, Gorosito aseguró que en el complejo habitacional se mantenía la calma pese a la tensión reinante entre las familias de uno y otro bando, y que la situación "es la misma que esta tarde".
Descartó cualquier mediación del gobierno porque "se trata de un delito y está en manos de la justicia". Respecto de la intervención de funcionarios provinciales -tal como lo solicitaban los ocupantes- el Estado "tiene tres poderes, y a veces intervienen dos, a veces uno".
Respecto de la experiencia de la intervención exclusivamente judicial -como la registrada hace casi un mes en Confluencia, un episodio durante el cual murió el canillita Rubén Arias-, Gorosito prometió que "en este caso las acciones y las medidas van a ser distintas".
El ministro de Gobierno también se refirió a la posibilidad de realizar un registro de los ocupantes irregulares, pero "es probable que ya hayan sido relevados y tengan alguna clase de asistencia social".
Atribuyó a la ocupación algún clase de apoyo externo, ya que son grupos "generalmente alentados por otros sectores para tomar estas medidas". Aunque anticipó que no contaba con la identidad de esos grupos, dijo que cuando "lo tenga no habrá problemas en decirlo".
Gorosito dijo que se mantenía en contacto permanente con el juez Juan José Gago y con el jefe de Policía, Juan Carlos Lezcano, que anoche pasó en varias oportunidades en su automóvil particular por el lugar para verificar la calma de la situación.
Lezcano, en cambio, se comunicó con los usurpadores y les transmitió verbalmente que desalojaran las viviendas.
Gago reiteró durante toda la jornada que no haría declaraciones respecto de sus diligencias por el caso, y no se supo si había dispuesto el desalojo o no de las viviendas.
Aunque durante el día se detectó la presencia policial -hubo uniformados durante la mañana-, después del mediodía se mantuvo una vigilancia distante.
En febrero pasado, el desalojo violento de los ocupantes irregulares de 17 casas en el barrio Confluencia -dispuesto por el juez Roberto Abelleira- derivó en la muerte de Arias -que para defender la vivienda usurpada se roció con nafta para evitar que los policías lo desalojaran- y la destrucción de la comisaría del lugar.
La ocupación en Confluencia había comenzado el lunes 12 por la noche, cuando tres familias se introdujeron en otras tantas casas del barrio.

Dos bandos bien diferenciados

NEUQUEN (AN).- Una futura propietaria del plan de Smata llegó cerca de las 11 de ayer con la determinación de defender a cualquier costo su casa. Fue la cabeza de playa de un movimiento que rápidamente abarcó a todo el sector ya adjudicado.
De un lado quedaron los usurpadores, en el sector del plan de Utedyc que aún no ha sido adjudicado. Del otro los futuros dueños de las casas de Smata, munidos de palos y hierros para evitar nuevas ocupaciones. "Esta es una pelea de pobres contra pobres" dijo uno. Otros no mostraron tanta comprensión hacia los usurpadores y reclamaban la presencia de las autoridades judiciales y que la policía actuara en defensa de sus intereses.
El clima era tenso y unos y otros se miraban con recelo, pero la pregunta del millón era qué pasaría a la noche. La situación para los que tenían una casa asignada era contradictoria, porque podían exhibir documentos con la preadjudicación pero no podían ingresar a las casas sin convertirse en usurpadores de sus propias viviendas.
Firmaron una nota en la que le pedían al presidente del IPVU, Rubén Di Nenno, que les autorice el ingreso para proteger sus intereses. Pese al clima hostil sólo se produjo un roce entre miembros de ambos sectores. También fue el único momento en que intervino personal policial.
Tres jóvenes se acercaron a la casa adjudicada a la mujer que había sido la primera en llegar. Los enfrentó hasta que llegaron tres policías y periodistas que cubrían los acontecimientos. Así logró evitar la ocupación de su vivienda.

Las casas tendrían que haberse entregado

NEUQUEN (AN).- El plan conjunto de 150 viviendas ya debería haber sido entregado a sus adjudicatarios según afirmó ayer uno de los futuros dueños. El grupo de viviendas usurpado y que corresponde a Utedyc tenía como fecha de entrega julio del año pasado. El que corresponde al gremio Smata debió entregarse en febrero último.
La sospecha de uno de los adjudicatarios es que la entrega no se formalizó en ambos casos no por un retraso de la obra sino por una especulación política. "Este año hay elecciones y seguro querían entregarlas en plena campaña", dijo. Pero si el período electoral es propicio para inaugurar obras y entregar planes de viviendas, también lo es para quienes fuerzan situaciones como la de usurpar casas o tomar terrenos en el convencimiento de que en campaña se obtienen con mayor facilidad.
Una de las primeras tomas de terrenos en esta ciudad ocurrió precisamente en un año electoral. Fue en 1991 en un sector sobre la calle Godoy y en plena campaña electoral para elegir gobernador. Esa gran toma se convirtió en el barrio Independencia.
Varios de los jóvenes que ayer en plena madrugada usurparon las viviendas hicieron mención, al presentar argumentos a favor de sus acciones, que siempre son convocados por partidos políticos para hacer la campaña electoral pero luego no son tenidos en cuenta a la hora de la entrega de viviendas.

Foto 1: La ocupación de las casas en el sector Utedyc del complejo habitacional se inició en la madrugada de ayer, con el ingreso de unas 50 familias.

Foto 2: Una familia intenta ingresar a la vivienda que le resultó adjudicada en el sector Smata.