Jueves 8 de marzo de 2001

 

Neuquén le pagará 13 millones a Punte pero en bonos
 

La Corte Suprema falló en el caso de los honorarios.
  NEUQUEN (AN).- El abogado Roberto Punte, que le reclamaba a la provincia 61.000.000 de pesos de honorarios profesionales, cobrará finalmente poco más de 13.000.000 y en bonos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de dar a conocer la sentencia que "Río Negro" había anticipado el año pasado y que se ajusta a lo que pretendía el gobierno de Jorge Sobisch.
Este es el fin de un caso que marcó durante casi nueve años las relaciones dentro del MPN y que el sobischismo presentó como paradigma de corrupción durante el gobierno 1983-1987 de Felipe Sapag.
Punte fue contratado a finales de 1987 para litigar contra el gobierno nacional por la incorrecta liquidación de regalías de petróleo y gas.
El contrato que firmó con el fiscal de Estado de ese entonces, Federico Rúa, establecía que si la provincia lograba cobrar la deuda en dinero, al abogado le correspondería el 10%. De lo contrario, sólo el 2%.
Al cabo de cuatro años, la administración del presidente Carlos Menem impulsó un saneamiento de la "deuda interna" y pactó con el gobernador Jorge Sobisch el pago de 614.000.000 de pesos mediante bonos canjeables por acciones de YPF y bonos de consolidación de deudas.
Como Neuquén tenía entablada una demanda contra la Nación, el acuerdo de consolidación de deudas fue homologado por la Corte Suprema de Justicia.
El abogado pidió entonces que la provincia le pagara 61.400.000 pesos de honorarios porque argumentó que lo que percibió la provincia es dinero.

Acusación a Sapag

Sobisch no sólo rechazó la pretensión sino que además acusó a Felipe Sapag y la ortodoxia del MPN, con la que estaba sumamente enfrentado, de ser socios de Punte y de participar del cobro de los honorarios reclamados.
Para intentar cobrar, Punte mantuvo contactos con el vicegobernador Jorge Sapag, que en ese entonces era una especie de embajador de Neuquén en Buenos Aires. Sapag reconoció sólo un encuentro, en el Senado, donde su padre ocupaba una banca, y dijo que en esa reunión el abogado le aseguró que aunque fueran sus nietos quienes lo cobraran, mantendría el reclamo en pie hasta el final.
Cuando la provincia recibió los bonos hidrocarburíferos que después canjearía por acciones de YPF -que aún era estatal-, Punte se presentó ante la Corte para pedir la ejecución del contrato con la provincia. El fiscal de Estado de ese entonces, que era Horacio Angiorama, desconoció en la respuesta que Neuquén hubiera cobrado suma alguna porque -argumentó- lo que había recibido eran papeles en garantía del pago.
Punte estuvo a punto de perder una demanda que habría generado -paradójicamente- honorarios varias veces millonarios, pero la Corte no dio por cerrada la causa.
Por este hecho, el abogado porteño denunció que se había montado una asociación ilícita para hacerle perder la demanda civil ante la Corte y obligarlo a pagar honorarios millonarios. Por eso entabló una demanda por "falsedad ideológica" contra Sobisch, Jorge Sapag, Angiorama y todos los funcionarios nacionales y provinciales que intervinieron en el acuerdo de consolidación de deudas, incluido Domingo Cavallo, que era el ministro de Economía.
Por esta causa, Sobisch fue indagado por el juez federal Jorge Ballesteros en enero de 1998. El magistrado federal sobreseyó en tres oportunidades a los imputados, pero la misma cantidad de veces el abogado de Punte, Sergio Pizarro Posse, logró que una cámara de apelación deshiciera la sentencia del juez de primera instancia.
Aunque cobrará una suma varias veces millonaria (exactamente 13.211.664 pesos), para Punte el fallo significa una derrota porque desde un principio pretendía el 10 por ciento de lo que percibió Neuquén, es decir 61.400.000. Para colmo, lo cobrará en bonos a diez años, según confió a este diario una fuente del gobierno provincial.
La suma que reguló la Corte incluye 931.664 pesos de intereses desde 1992 hasta ahora.

Una industria del juicio

NEUQUEN (AN).- En la década del 80 casi todas las provincias productoras de hidrocarburos iniciaron demandas contra la Nación por la incorrecta liquidación de regalías de petróleo y gas. En torno de las demandas se armó una verdadera industria del juicio que tuvo como protagonistas a importantes abogados de Buenos Aires.
Felipe Sapag, cuyo gobierno contrató a Punte, contó hace años que el abogado fue recomendado por el peronista Juan Carlos Romero, que era el gobernador de Salta. Esa provincia, precisamente, fue de las primeras en llegar a un acuerdo. También contrataron abogados para demandar a la Nación Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Jujuy y Tierra del Fuego (el mismo Punte). Mendoza y Formosa, reclamaron a través de sus fiscalías de Estado.

Denuncian a "comercios con rueditas"

NEUQUEN (AN).- Treinta empleados de comercio denuncian diariamente irregularidades laborales y fiscales en varios negocios del sector del bajo de esta capital que operan con una habilitación provisoria de la municipalidad. Las quejas derivaron en una protesta del gremio mercantil ante los concejales de todos los bloques para trabajar en conjunto con el municipio en el otorgamiento de las licencias comerciales.
Los sindicalistas, que denominan a estas empresas "comercios con rueditas", indicaron que la evasión "es muy alta y los trabajadores están en negro". La falta de pago de aportes previsionales está acompañada por los bajos salarios ya que cobran "diez a doce pesos por día, por diez o doce horas de trabajo por jornada", dijo Ramón Fernández, secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio. Añadió que "se multiplican en fechas como fin de año e inicio de clases, y luego desaparecen".
En un radio de pocas manzanas próximas a la terminal se concentran los comercios cuya irregularidad denunciaron los sindicalistas. El secretario general del CEC, Sergio Rodríguez, lamentó la falta de respuesta a su pedido por parte del intendente Horacio Quiroga y decidió canalizar el control de las licencias junto con el Deliberante. Según Rodríguez, se necesita una labor conjunta entre el gremio, Trabajo y el municipio para "dar batalla a los comercios golondrinas".
   
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