La situación financiera es "complicada"

En su primer día, el interventor detectó problemas en la cooperativa para pedir crédito. Inda calculó 40 días para la normalización total.

NEUQUEN (AN).- En su primer día de intervención, Teodoro Aspesi descubrió problemas financieros en la cooperativa CALF, derivados del fideicomiso que Osvaldo Bonvín y su elenco firmaron con el Banco Francés hace dos años con la facturación de los usuarios residenciales y comerciales como garantía de pago de la deuda con su entonces socia en la Central Alto Valle, Dominion Generating -propietaria de Hidroeléctrica Cerros Colorados-. Desde que adquirió los activos latinoamericanos de Dominion, la acreedora de CALF es la también norteamericana Duke Energy.
El interventor dijo que la situación financiera "complicada", reflejada en un desequilibrio de más de 700 mil pesos, exigirá "ajustes en los gastos", pero no se suprimirá ningún servicio no esencial -sepelios, centro de compras- que presta la cooperativa ni se reducirá la planta de personal.
Aspesi confió en que la asamblea "se realice antes" de tener que aplicar cirugía mayor para equilibrar las cuentas. Rodolfo Inda -titular de la lista celeste que venció a Bonvín en noviembre pasado- consideró que en un plazo no mayor a los 40 días -20 para realizar las auditorías necesarias y otro tanto para la convocatoria del cónclave- culminará la intervención y CALF tendrá una nueva conducción.
Inda, que presidió la entidad cuando Aspesi se desempeñó como gerente -entre 1981 y 1986-, dijo que hoy irá a entrevistarse con el interventor acompañado del titular de la poderosa Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, FACE, Carlos Welich. CALF es una de las principales socias de FACE. También hoy, el abogado de Bonvín y el resto de los consejeros, Jorge García Osella, apelará la medida del juez Juan José Gago (ver aparte).
Las medidas de ajuste iniciales serán las clásicas: reducción de horas extras, restricción en el uso de vehículos y "minimizar el consumo de insumos no esenciales", explicó Aspesi, y enfatizó que el problema de CALF es financiero y no económico. "No peligra el funcionamiento de esta cooperativa que es una de las más importantes del país en cuanto a usuarios y servicios y salvo el inconveniente financiero todavía no tengo vislumbrado que haya un problema económico", afirmó.
Ayer, la cooperativa sólo presentó un aspecto normal en el salón principal de la entrada de la calle Mitre pero sobre Bahía Blanca, una fuerte custodia -con personal de vigilancia privada- llevó un registro estricto del ingreso y egreso de personas y vehículos, de acuerdo con las primeras directivas de Aspesi.
Los integrantes del consejo de administración persistieron en no hacer declaraciones y en esperar a que García Osella presente la apelación para opinar.
En diálogo con la prensa, Aspesi dijo que de los primeros informes que recibió se desprende que "tenemos una situación financiera complicada", especialmente por no poder contar con acceso a créditos que le permitan hacer frente a esta exigencia de fondos. Por tal motivo se aplicará "un ajuste en algunos gastos que puedan ser reducidos para lograr un equilibrio de funcionamiento en el corto plazo". El desfase es de entre 700 y 800 mil pesos mensuales y ocurre en el período comprendido desde que el fideicomiso descuenta el monto de la deuda que debe pagar mensualmente la cooperativa hasta que entrega el excedente de la recaudación a CALF.
La instrucción que le dio el juez Gago fue la de mantener en funcionamiento la cooperativa sin alterar los servicios, preservar la documentación y evitar gastos con una política de austeridad. Su función es reemplazar al consejo de administración, y tiene la atribución de decidir sobre la política empresaria de la organización.
Cuando se lo consultó si, en la búsqueda del equilibrio, podría tomar medidas como la eliminar servicios no esenciales o reducir la planta del personal, Aspesi dijo que esas decisiones requieren de un análisis más a fondo del estado de la cooperativa, incluso con auditorías por sectores. "Espero que la asamblea se lleve a cabo antes de que este análisis se concrete" dijo el interventor.

Se aplicaron estrictas medidas de seguridad

NEUQUEN (AN).- Un estricto operativo de seguridad, llevado a cabo en su mayoría por personal de empresas de vigilancia privadas, rigió ayer en la cooperativa CALF. Sólo se permitió el ingreso del personal operativo según una de las primeras disposiciones del interventor Teodoro Aspesi.
El primer piso de CALF, el lugar en el que los consejeros desarrollaban su actividad y que siempre se caracterizó por tener un tránsito constante de personas ajenas a CALF que buscaban entrevistarse con los consejeros, ayer estaba desierta. Incluso los teléfonos de la sala de reuniones del consejo de administración estaban inhabilitados.
En la planta baja, las oficinas de la entidad y la delegación del Banco Credicoop funcionaron normalmente. En cambio en la entrada por la calle Bahía Blanca el control de empleados y vehículos era estricto.
"A los efectos de administrar el tiempo que requiero para interiorizarme del funcionamiento es que solamente entra el personal operativo" dijo Aspesi en rueda de prensa. Reconoció que se trata de una medida "drástica" pero era necesaria porque de lo contrario "me hubiera pasado todo el día charlando con ustedes, con los delegados, con los consejeros y no podría sentarme a estudiar la situación".
Aseguró de todos modos que se trata de una "disposición transitoria y coyuntural" que podría durar por unos días.

García Osella apela hoy la medida del juez

NEUQUEN (AN).- El abogado Jorge García Osella se tomó 24 horas y esta mañana apelaría la intervención de CALF resuelta por el juez Juan José Gago, que también inhibió los bienes de los integrantes del consejo de administración que presidía Osvaldo Bonvín.
Mientras tanto nadie del elenco de la conducción calfista respondió la requisitoria periodística para referirse a la medida judicial. El vicepresidente Enrique Alaguerateguy dijo que hasta tanto el abogado García Osella no concrete la apelación no harán declaraciones. Reiteró lo dicho el martes, tras la intervención, en cuanto a que la medida los tomó de sorpresa.
Aspesi deberá informar semanalmente al juez Gago de sus acciones y de las novedades que encuentre, que se incorporarán al expediente. Además de los movimientos de fondos decididos por Bonvín y los consejeros, por más de 700 mil pesos que investiga el magistrado, se añadió un desfase financiero por una cifra similar, producto del fideicomiso que le puso un cepo a la facturación. El remanente de la recaudación por el servicio que recibe CALF luego que el Banco Francés cobra la deuda que la cooperativa tiene con sus acreedores-socios por la compra de energía a la Central Alto Valle, entre otros, no le permite exhibir solvencia a la hora de solicitar créditos y en ese punto se produce el desfase.
Aspesi llegó a la sede de CALF el lunes a la tarde sin aviso previo cuando los miembros del consejo ya se habían retirado. Bonvín fue alertado por teléfono de que se estaba produciendo la intervención, según una fuente cercana.
Ayer ninguno de los consejeros concurrió a la sede de la cooperativa ni solicitó una reunión con el interventor Teodoro Aspesi. "No tuve contacto porque ningún consejero vino", dijo el interventor.
De todos modos "no preciso el contacto, porque la función que me encomendó el juez es la de velar por el funcionamiento operativo de la cooperativa y tener en resguardo la documentación", dijo. Informó que ya tiene en su poder "todas las actas del consejo y de la asamblea que es lo que realmente se requiere para el funcionamiento del consejo".
Aspesi es director de Servicios Públicos de la provincia, función que no podrá desempeñar mientras actúe como interventor. "Es un punto crítico; esta función que me impuso el juez no estaba dentro de mis planes como funcionario y creo que si estoy dedicado a esto no podré cumplir con la otra función", informó.

Foto:Aspesi aseguró que, pese a los inconvenientes, no suprimirá servicios no esenciales ni reducirá la planta de empleados.