Sábado 31 de marzo de 2001

 

Dieron marcha atrás con la reforma previsional
  El gobierno nacional dio marcha atrás con la polémica reforma previsional que había dispuesto por decreto en enero y resolvió el próximo envío de un proyecto de ley al Congreso para discutir una nueva ley sobre jubilaciones y pensiones. El ministerio de Patricia Bullrich trabaja en su elaboración.
  El Gobierno nacional dio marcha atrás anoche con la reforma previsional que había dispuesto por decreto en enero y resolvió el próximo envío de un proyecto de ley al Congreso para discutir una nueva ley sobre jubilaciones y pensiones.
La decisión fue anunciada oficialmente por el Ministerio de Trabajo.
El proyecto que es elaborado por la cartera de Patricia Bullrich, procurará lograr "un amplio concenso que permita su rápida sanción" en el Congreso.
La nueva iniciativa mantendrá el régimen público de reparto (jubilación estatal) y dará "seguridad jurídica para los actuales y futuros beneficiarios del sistema previsional", aseguró la cartera laboral.

Una reforma conflictiva

La polémica reforma previsional, que fue impuesta por decreto gubernamental el 30 de diciembre, establecía entre otros puntos que los nuevos beneficiarios tuvieran 65 años de edad y 30 de aportes con un haber mínimo mensual de 300 pesos (hasta el momento de 150).
Determinaba además una asignación universal de 100 pesos (especie de subsidio) para los hombres y mujeres de la tercera edad carentes de ingresos previsionales ni otra forma de sustento propia o por parte de su cónyuge.
Asimismo, eliminaba la prestación básica universal (PBU) para las jubilaciones mayores a los 800 pesos. La PBU consiste en un aporte de 200 pesos que aseguraba el Estado sobre todos los haberes, ya fuesen por el sistema de reparto o por el privado de capitalización.
Uno de los puntos más cuestionados giró entorno a la edad jubilatoria de las mujeres, ya que se determinaba un régimen optativo que permitiría que se jubilen a los 60 o a los 65 años, pero sólo las que alcancen esa mayoría de edad y 30 de aportes tendrán pleno derecho a la totalidad de los haberes, con un básico inicial de 300 pesos.
Fijaba además que aquellos que, cumplidos los 65 años, no tuvieran suficientes años de aportes para jubilarse, igualmente podrían acceder a un haber proporcional conforme al tiempo en que hicieron aportes previsionales, a partir de un mínimo de 10 años.
El decreto de necesidad y urgencia generó polémica en el interior de la Alianza gobernante, muchos de cuyos legisladores reclamaron que la cuestión fuese debatida en el Congreso en consonancia con diputados y senadores del justicialismo.
Antes de ser anunciada la anulación del decreto, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, anunció ayer que "el gobierno enviará la semana próxima dos proyectos de ley para llevar adelante las reformas del régimen de obras sociales y del sistema previsional". (Infosic, DyN)

Los nuevos proyectos

El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, afirmó ayer que "el gobierno enviará la semana próxima dos proyectos de ley para llevar adelante las reformas del régimen de obras sociales y del sistema previsional".
Colombo señaló que "desde el punto de vista de la política laboral se alcanzó un grado importante de flexibilidad con la nueva ley", no obstante lo cual consideró que "lo que falta son detalles".
El funcionario expresó que "en diciembre nosotros enviamos una modificación a la ley de obras sociales y a la ley previsional, mediante dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Ambas decisiones están contenidas ante un compromiso asumido por la Argentina ante los organismos internacionales de créditos como una política que en el caso de la ley previsional hace a la solvencia del largo plazo. En ambos casos, nos encontramos con medidas de amparo, medidas cautelares que impidieron la puesta en funcionamiento de estas medidas contenidas en los DNU".
Colombo puso de relieve que "creemos firmemente en la necesidad de desregular las obras sociales y en la necesidad de cambiar el sistema previsional al menos en términos de la PBU. Creo que hoy existe en la Argentina la posibilidad de generar un consenso para sacar a través del Congreso ambas leyes".
Reconoció que el nuevo Impuesto a las Transferencias Financieras representa un ajuste tributario, pero lo justificó al señalar que "es para recaudar rápido y de reducir el déficit, que es lo que se necesita para crecer".
Además, el jefe de ministros criticó la "judicialización de la política", al indicar que muchas de las medidas que el gobierno pretende llevar adelante, como la reforma previsional y la desregulación del sistema de obras sociales, son frenadas o demoradas por la Justicia ante la presentación de recursos de amparos de sectores que se consideran afectados. (Infosic)
   
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