Jueves 29 de marzo de 2001

Rigen nuevos aranceles extra Mercosur con algunas protestas

 

El Senado se disponía a aprobar superpoderes sin modificaciones

  No se preveían cambios al texto de Diputados.
  El Senado se disponía a aprobar -al cierre de esta edición- la delegación de facultades legislativas reclamada por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, sin modificaciones respecto del texto que sancionó ayer la Cámara de Diputados.
En una sesión que amenazaba con ser tan extensa como algunas de las que demandó la misma norma en la Cámara baja, los senadores hicieron prolongados discursos para argumentar por qué se disponían a votar en favor del proyecto, aunque algunos de ellos hicieron importantes cuestionamientos al proceso que desembocó en la remisión de la iniciativa.
Cuando se apruebe la ley, Cavallo tendrá atribuciones especiales que están contempladas en el artículo 76 de la Constitución por las cuales podrá, entre otras cosas, fusionar organismos públicos, desregular el mercado de capitales, modificar la ley de Ministerios, derogar normas específicas, crear o eliminar exenciones impositivas y establecer medidas tributarias especiales.
De todos modos, el texto final difiere sustancialmente del original remitido por el Ejecutivo, especialmente porque las facultades cedidas fueron acotadas, mientras que otras fueron directamente excluidas en el tratamiento de la Cámara baja.
Hasta el momento el debate tuvo muchos menos vaivenes que en Diputados, especialmente porque Cavallo llegó antes de ayer a un acuerdo con el mayoritario bloque PJ para que los cambios sustanciales se incorporaran en la Cámara baja.
El único punto de disidencia que perduraba era el de la vigencia de la norma, porque el gobierno pidió un año y los legisladores opositores preferían reducir el plazo a seis meses.
Finalmente, la bancada opositora aceptó los términos del texto original, sobre todo después de que Cavallo les prometió que, una vez pasada la emergencia, contemplará la grave situación económica de las provincias en la distribución de lo recaudado por el nuevo impuesto a las transacciones bancarias.
Pese a que al momento de iniciarse la sesión, a las 15.40, todo estaba consensuado, los senadores se contagiaron de los diputados en su tendencia a demorar los tiempos de debate: de entrada se anotaron 45 oradores (en total hay 69 bancas ocupadas), con lo cual las previsiones indican que recién habrá sanción a la madrugada.

Los números del Senado

Los análisis iniciales indicaban que el bloque justicialista y el bloque radical votarían a favor, con algunas excepciones como las de Jorge Yoma ( quien se negó a asistir el debate argumentando que "las facultades extraordinarias se entregan al Ejecutivo y la duda es qué pasa si Cavallo renuncia...") y Raúl Galván.
Anunciaron que votarán en contra dos disidentes de la escisión justicialista del subloque 17 de Octubre, Daniel Varizat y Héctor Maya. No estaba clara aún la postura de los otros dos miembros, los bonaerenses Antonio Cafiero y Jorge Villaverde, quienes estaban en contra pero recibieron duras presiones del gobernador Carlos Ruckauf.
Los provinciales iban a votar mayoritariamente a favor, como anticiparon el autonomista José Romero Feris y el renovador salteño Roberto Ulloa. Estuvo ausente la neuquina Silvia Sapag, quien la semana pasada ya dijo que se iba a oponer.
Quien abrió la sesión por el radicalismo fue Luis Molinari Romero, quien centró su discurso en la constitucionalidad de la delegación de facultades y en criticar a quienes, como la diputada Elisa Carrió, amenazaron con la posibilidad de hacer acusaciones por el otorgamiento de "la suma del poder público", amén de haber sido apoyada esta posición ayer por Jorge De la Rúa.
El ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, calificó ayer de "insólito" el pedido de juicio político formulado por tres ciudadanas contra el presidente Fernando de la Rúa por presunta "alta traición", y sostuvo que esa presentación "no tiene ningún sustento".
En un sentido similar, y con una convicción mayor que la de algunos oficialistas, el justicialista Eduardo Menem defendió la cesión de facultades con una frase sorprendente para su moderado estilo: "No vamos a perder la virginidad en materia de delegación de poderes, ya la hemos perdido hace mucho tiempo".
También adelantó la postura positiva de su bloque y argumentó la decisión al decir que "no lo vamos a aprobar como un favor, para que la opinión pública hable bien de nosotros, sino porque tenemos la íntima convicción de que esta ley la necesita el gobierno nacional".
En tanto, Fernando de la Rúa intentará hoy profundizar el apoyo político al nuevo plan económico, con una convocatoria que reflejará, en otro escenario, las nuevas alianzas tejidas en el Parlamento y en el gobierno.
(DyN, Infosic, Télam)

Los principales cambios que se introdujeron en la ley

El Congreso Nacional introdujo importantes modificaciones en el proyecto de ley enviado por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, para obtener la delegación de facultades legislativas.
En general, las alteraciones respecto del texto original remitido por el Ejecutivo residen en la limitación de los términos amplios que contenía la versión original y en la inclusión de excepciones específicas.
Las principales modificaciones entre el proyecto que envió el gobierno al Congreso son las siguientes:
* La norma caduca el 1 de marzo del 2002, mientras el original fijaba su vigencia hasta un año después de su promulgación
* Se especificó que existe una situación de "emergencia pública" que justifica la delegación de facultades.
* Se habilitó al Ejecutivo a "fusionar" los entes autárquicos y reparticiones descentralizadas, además de la posibilidad de decidir su centralización que constaba en el texto original.
* Uno de los cambios fundamentales fue que eliminó la facultad de "sujetar a normas de derecho privado" todas las entidades autárquicas y reparticiones descentralizadas. En cambio se habilitó para "transformar" esos entes en "empresas públicas, sociedades del Estado u otras formas de organización jurídica".
* Se aseguró la continuidad laboral del personal de la administración pública. Además se le aseguró estabilidad en el empleo por dos años y se quitó la posibilidad de crear empleo mediante la modificación de la legislación laboral.
* Se eliminó el inciso que hablaba de "garantizar operaciones de crédito público mediante la afectación de recursos o activos públicos"y se habilitó a "desregular y mejorar el funcionamiento y la transparencia del mercado de capitales y de seguros".
* La posibilidad de "crear o eliminar exenciones" impositivas fue restringida. No deben afectar "la canasta familiar o las economías regionales, la sociedades cooperativas, mutuales, asociaciones y obras sociales sindicales", entre las principales.
   
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