Lunes 12 de marzo de 2001

 

La Justicia Federal hace agua por todos lados

 

El secretario de Justicia, Melchor Cruchaga, pronosticó que en un año cambiará la mitad de los nombres del fuero más importante del país. El jurista Ricardo Monner Sans explicó su pesimismo sobre la marca de los acontecimientos. Entre las renuncias por cuestionamientos y suspensiones, sólo se salva la figura del juez Gabriel Cavallo por su "independencia".

  BUENOS AIRES (ABA) - La reactivación económica no es la única apuesta del gobierno nacional para el 2001. Otro de sus grandes desafíos es devolverle credibilidad a la justicia, una de las instituciones más desprestigiadas en los últimos años.
"Imagínese, por renuncia o remoción casi la mitad de los jueces federales van a ser reemplazados, es la gran oportunidad de acabar con la justicia que modeló la gestión menemista", se ilusiona uno de los principales funcionarios de la actual administración.
Aquél fenómeno fue descripto por el ex ministro Domingo Cavallo como los "jueces de la servilleta", denominación bajo la cuál enmarcó a los magistrados que recibieron su nombramiento de la mano de un "padrino" político.
La justicia federal en lo Criminal y Correccional es el fuero más importante pues allí se radican las causas donde están en juego principios constitucionales, por lo cuál recaen los casos más sonados de corrupción.
El secretario de Justicia, Melchor Cruchaga, le aseguró a "Río Negro" que "en un año cambiarán en un 50 % los nombres de la justicia federal" y no escatimó en calificar a esta nueva etapa como de "oxigenación" del poder judicial.
No obstante, el segundo en el área que conduce Jorge de la Rúa subrayó la necesidad de que las modificaciones se hagan de acuerdo al "estricto cumplimiento de las reglas constitucionales".
Por su parte, el especialista Ricardo Monner Sans, advirtió que "la oxigenación que podría significar la salida de jueces con un pasado nada brillante, es aplastada por la pesadez del Consejo de la Magistratura".
Pero eso no es lo peor: "Una vez que se escogen las ternas -agrega Monner Sans-, estas pasan por un pacto interno en el Senado, que condiciona su decisión al "juego de compensaciones" al que nos tiene acostumbrados nuestra mediocre dirigencia política".

Caras nuevas

Los movimientos en los tribunales son evidentes: El juez Carlos Branca fue destituido, Norberto Oyharbide espera la decisión del Senado, Carlos Liporaci renunció tras ser suspendido por el Consejo de la Magistratura. Adolfo Bagnasco acaba de dejar su lugar -para dedicarse a la actividad privada y a la política dentro del P.J-, mientras lo mismo haría próximamente, su par Gustavo Literas.
Mientras se va cumpliendo el lento proceso de los reemplazos, Gabriel Cavallo ha quedado a cargo de tres juzgados (el suyo, el de Liporaci y el de Oyharbide), Rodolfo Canicoba Corral con dos (el propio y el de Bagnasco) al igual que Gustavo Literas (sumó el de Branca).
El diputado nacional, Miguel Pichetto, coincidió en que se producirá un cambio importante, aunque advirtió que "se debe evitar la persecución política".
Como integrante del Consejo de la Magistratura, Pichetto destacó que las herramientas están dadas para que se puedan elegir jueces "probos e independientes", y sobre los actuales destacó que existen "diversos niveles de cuestionamiento".
Sobre los próximos pasos, dicho organismo presentará la semana que viene la terna para ocupar el juzgado de Branca (destituido por la Cámara alta en diciembre de 1997, por cohecho en el caso de la aduana paralela). De los tres candidatos, el presidente De la Rúa designará al nuevo juez federal con acuerdo del Senado.
Ahí viene el escollo del que hablaba Monner Sans: "las componendas traban el procedimiento y ponen en peligro al fuero ya que un juez como Cavallo está a cargo de tres despachos con causas "pesadísimas".
Por otra parte, Oyharbide fue acusado y suspendido en diputados, pero los senadores demoran una definición para el magistrado acusado de proteger un prostíbulo. "Mientras nos impiden llamar a concurso y el ex juez sigue cobrando el sueldo", reacciona un ofuscado Pichetto.
Los juzgados en que ya se puede convocar a concurso son el de Liporaci (renunció tras la suspensión del Consejo de la Magistratura por mal desempeño de sus funciones) y el de Bagnasco (se retiró el miércoles pasado).

La situación de cada uno

El que sigue es el cuadro que presenta la Justicia Federal en medio de los retiros y destituciones de jueces:
Se fueron: Carlos Liporaci (renunció tras ser suspendido por el Consejo de la Magistratura), Carlos Branca (fue destituido), Adolfo Bagnasco (se retiró)
Se irían: Norberto Oyarbide (se espera la decisión del Senado ) y Gustavo Literas (renunciaría).
Se quedan: María Servini de Cubría, Jorge Ballesteros, Gabriel Cavallo, Juan José Galeano, Rodolfo Canicoba Corral (tiene pedido de juicio político), Jorge Urso (tiene pedido de juicio político) y Claudio Bonadío (tiene pedido de juicio político).

El juez Cavallo, el único que se salva

Más allá de sus fallos, Gabriel Cavallo (a cargo de la causa de los sobornos en el Senado, las acusaciones por enriquecimiento ilícito contra María Julia Alsogaray y quien acaba de declarar la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida), es uno de los pocos elogiados en los pasillos de tribunales por su "independencia".
Del resto son pocos los que están exentos de cuestionamientos. Sólo se salva Juan José Galeano por la investigación del atentado a la AMIA.
Jorge Urso tiene un pedido de juicio político por su actuación en el affaire de la venta ilegal de armas. Ricardo Monner Sans -accionante en esa causa-, es muy crítico sobre la actuación del juez: "Tiene una lentitud exasperante, no entiendo porqué no cita al ex presidente Menem.Si no era por la Cámara nos quedábamos con los Sarlenga y ni siquiera declaraban los ex ministros".
Tanto a Canicoba Corral (a cargo del caso IBM-Banco Nación) como a Claudio Bonadío, se le pidieron juicios políticos. Sobre el el último, Domingo Cavallo advirtió de sus nexos con Carlos Corach.
Contra Jorge Ballesteros (lleva la causa del oro) se desestimó una acusación por enriquecimiento ilícito y por el sobreseimiento de un ex ministro de justicia acusado de "desviar un crédito de 18 millones de un banco suizo para la ex YPF, a la empresa Río Manso". Tampoco quedan cuestiones abiertas contra María Servini de Cubría por su polémica actuación en el Yomagate. Es la jueza con competencia electoral. (CR)

   
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