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Lunes 12 de marzo de 2001 | |
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El Estado debe darles trabajo a los presos neuquinos |
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Fallo del TSJ beneficia a internos de la Unidad 11. |
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| NEUQUEN (AN) - La justicia notificó al gobierno neuquino que tiene la obligación de ofrecerles a los presos la posibilidad de cumplir un trabajo remunerado en sus lugares de detención. Es el segundo fallo en este sentido en poco tiempo que condiciona al Estado a cumplir un mandato constitucional. El Tribunal Superior de Justicia, al revocar una resolución de la Cámara Criminal Primera de diciembre pasado, que por una cuestión formal había rechazado el planteo de 14 internos de la Unidad 11 de Parque Industrial que piden trabajo, notificó al gobierno que "en un tiempo razonable" instrumente los medios para satisfacer los requerimientos de los presos. La Corte provincial ordenó al gobierno que busque la forma de habilitar los "talleres necesarios a los efectos de tornar operativo el derecho al trabajo penitenciario". La resolución del alto tribunal es una respuesta a un recurso de habeas corpus que los internos habían presentado con el patrocinio de los defensores oficiales Gustavo Vitale y Eduardo Goncevat. El reclamo de los internos a que se les de trabajo dentro del penal y se les reconozca una retribución fue elaborado por la Clínica Jurídica de la cátedra de derecho penal por casos, que dicta en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue el defensor oficial Andrés Repetto. Un planteo similar, ante la misma Cámara, había prosperado meses antes en favor del interno Roberto Jara, también detenido en la Unidad 11. La justicia le reconoció a Jara la legitimidad del reclamo y le ordenó al gobierno a que le diera un trabajo remunerado. Pero éste no cumplió, por lo que el interno pidió que se le aplique una multa diaria por desobedecer un mandato judicial. Esa presentación debe ser resuelta por la Cámara Primera. Tanto en el caso de Jara como en el de los 14 internos de la U-11, el Estado asumió, a través de sus funcionarios, la responsabilidad de sus obligaciones, pero alegó la imposibilidad de cumplirlas ante la carencia de la infraestructura necesaria para que los presos puedan desarrollar actividades laborales (ver aparte). En los fundamentos del pedido los internos señalaron que al verse privados de ejercer un trabajo remunerado se afecta también a sus respectivas familias, que se ven privados de un ingreso monetario para su subsistencia. Los pactos internacionales contemplan este punto al precisar que no se deben trasladar a un tercero las consecuencias del encierro de un condenado. Dinero por limpieza Los presos reconocieron que la falta de talleres en la cárcel imposibilita que se le asignen tareas. Frente a esta situación y hasta tanto se creen los espacios necesarios, pidieron que se les pague por la tareas de limpieza que habitualmente realizan en las celdas y pabellones. Sobre este planteo el TSJ no se expidió. En su reclamo los internos plantearon que si ellos están privados de la libertad por incumplir la ley, no puede ser que el propio Estado sea el que no cumpla los mandatos constitucionales. No tener la oportunidad de trabajar mientras cumplen la condena, argumentan los presos, le plantea un ocio forzoso que no sólo los priva de recibir un retribución económica, sino que se constituye en un agravamiento de las condiciones de detención, porque contribuye a un progresivo e irreversible deterioro psicofísico. El fallo del TSJ tiene ahora que ser ejecutado por la Cámara Primera. El plazo "razonable" que fijó para sea cumplido abre un margen de incertidumbre, porque queda librado a la interpretación de los jueces que deberán aplicarlo. Si no ven satisfechos su reclamo, los internos de la unidad penitenciaria podrían también, como hizo Jara oportunamente, pedir que la justicia multe al Estado neuquino por incumplir la resolución. El gobierno promete soluciones NEUQUEN (AN) - "La Justicia nos marca las obligaciones que la ley nos manda cumplir. Nosotros tenemos asumido lo que nos corresponde y vamos dar las respuestas en un plazo breve", dijo la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Alicia Comelli, con el texto de la resolución del TSJ en la mano. |
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