Viernes 31 de marzo de 2000

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La increíble historia de Alpat (Parte I)

 

Los costos financieros

 
  Pero si existieran algunas dudas respecto de la inviabilidad de este proyecto, las cifras alucinantes que plantean los costos financieros invalidan toda duda referente al cálculo probable de rentabilidad que pudiera tener Alpat en funcionamiento.
En 1996 el endeudamiento de Alpat con los bancos alcanzaba a 320 millones de dólares. No necesitamos tomar el endeudamiento posterior del "96 a la actualidad, que desconocemos, salvo el incremento de los intereses, para demostrar cuál es el destino probable de su funcionamiento.
200 mil toneladas anuales de carbonato de sodio, a los valores CIF Buenos Aires actuales, representan alrededor de 34 millones de dólares, aun cuando durante el año 1999 las importaciones solamente llegaron a 25 millones de dólares. De manera que aun otorgándole el beneficio de precios superiores que pudiera tener por una protección mayor del Estado, el monto de la facturación anual de Alpat no alcanzaría a pagar los intereses de la deuda bancaria existente. Para pagar el capital necesitarían alrededor de 15 años del total de la facturación.

Probabilidades de que la obra se termine

Para los directivos de Alpat la construcción del complejo ha sido un "modus vivendi", sin duda nada desdeñable durante un cuarto de siglo. Si las estimaciones con respecto al costo de funcionamiento son, según todas las evidencias, inadecuadas, a partir del momento en que entre a funcionar, las pérdidas que se producirían, además de evidenciar los errores de costo en su proyección, llevarían a la empresa rápidamente al colapso. También a partir de la puesta en marcha comenzarían a correr los plazos para devolver los fondos que originó este emprendimiento, 9 años a partir de la iniciación de la producción.
Al menos en teoría, debería empezar a devolver los enormes fondos adeudados por préstamos bancarios, y se cerraría el ciclo de los aportes por las desgravaciones previstas en la ley.
Hay además una característica en la composición humana de lo que constituye el grupo de personas que manejan la empresa. Está gobernado por lo que podría denominarse una gerontocracia. Voguet tiene 80 años; el presidente, el ingeniero Dagnino, tiene actualmente 77 y sus principales colaboradores han envejecido junto con el proyecto. No parece ser esta etapa de la vida la más adecuada para la puesta en marcha de una planta compleja, para la cual la energía y la perseverancia, que fueron eficaces para sacar dinero del Estado, pueden resultar insuficientes para la etapa de producción.
Se podría argüir que una vez puesta en marcha la fábrica, el gobierno debería elevar los aranceles de importación para posibilitar el funcionamiento de la empresa. Al respecto, en un informe del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, al que tuvo acceso "Río Negro", señalaba en 1977 que es "difícil determinar en este momento cualquier indicación de los planes del gobierno de la Argentina para alterar los derechos de importación y de los impuestos sobre el carbonato de sodio, una vez que la planta empiece la producción. Algunas opiniones informales estiman que el índice de los impuestos es probable que aumente hasta el límite autorizado por la Organización Mundial de Comercio "WTO", pero no más allá."
De manera que el impuesto actual que tiene la importación de carbonato de sodio, del 8,5 por ciento, podría llegar a no más del 13 o del 14 por ciento, y si quisiera elevarlo sobre esa cifra, el gobierno afrontaría serias dificultades por los convenios internacionales y sobre todo entraría en colisión con la filosofía económica que impera en los últimos años, que tiende hacia la mayor liberalización de la economía.
La tentación de permitir el funcionamiento de la fábrica elevando los aranceles sería resistida por aquellas industrias que dependen del consumo del carbonato de sodio y que quedarían fuera de competencia internacional si este insumo se elevara a precios irrazonables.

• La basura debajo de la alfombra

El proyecto Alpat revelaría que no es cierto aquel axioma que dice que no se puede engañar a toda la gente durante todo el tiempo.
Desde la década del "70 hasta la fecha, sucesivos gobiernos argentinos han permitido que sin inversión genuina un grupo de personas manejara fondos provenientes del Estado por varios centenares de millones de dólares y esté todavía en condiciones de exigir nuevos aportes para terminar una obra cuyo destino es tan claramente inviable.
Se pueden invocar muchas razones. Se puede argüir que el proyecto tiene origen en el pecado capital de la teoría supletoria del Estado en la economía que ha conducido a tantos desastres. También puede haber habido, sin duda, personas inocentes que de buena fe han actuado con el propósito noble de proveer al país de una fábrica importante y otros que han defendido el proyecto considerándolo como una forma de desarrollo de la Patagonia.
Es probable, también, que distintos funcionarios hayan cedido el espacio ganado por estos audaces empresarios debido al temor al juicio, que se ha blandido siempre como una amenaza latente para forzar a cumplir compromisos o para asumir nuevos compromisos y la convicción de que Alpat, en definitiva, lo que deseaba era tener un motivo para desencadenar un gigantesco juicio contra el Estado.
En otros casos es posible que los gobiernos hayan ocultado la verdadera naturaleza de esta operación para eludir la responsabilidad de sus propios funcionarios, en una tendencia habitual de los políticos de esconder la basura debajo de la alfombra.
Pero todas estas explicaciones con ser probables no son suficientes. Hay demasiados elementos concatenantes como para suponer que esto haya sido solamente una colosal serie de errores.
Alpat comenzó hace 40 años un proyecto en un gobierno militar y ha sido una constante de su directorio la presencia de militares de las tres armas, que sin duda han sido útiles para abrir puertas en los largos períodos de dominio castrense.
El proyecto tenía plazo de terminación y sucesivas prórrogas. Jamás se cumplieron.
La efectiva aportación de dinero privado es ínfima e intrascendente frente a la magnitud del proyecto. Jamás han devuelto un centavo de lo que han recibido como préstamos de bancos oficiales o por avales concedidos por el gobierno.
Ha habido en todas estas décadas innumerables observaciones respecto de la inviabilidad económica del proyecto.
Los balances presentados tienen irregularidades de tal magnitud, que es imposible que no hayan sido detectadas por los funcionarios encargados del área del proyecto. Por otra parte, desde 1996 no han presentado balances.
Hay una inexplicable diferencia entre el dinero recibido por exenciones, contribuciones especiales y préstamos, y lo efectivamente invertido, demasiado evidente para que a nadie le llamara la atención.
Permitir que una compañía revalúe su activo con el rubro "bienes intangibles", por casi 200 millones de dólares, es simplemente demasiado.
Aquí también hay una sombra en la pared.
La sensación de que como en el caso de Yacyretá, esta gigantesca maqueta de tamaño natural pueda haber sido, como aquella otra obra faraónica, un formidable monumento a la corrupción.
Como los profundos socavones de Hipasam, en Sierra Grande, también aquí aparece enterrada una historia de inexplicables complicidades, junto con las ilusiones alentadas en su momento por miles de rionegrinos.

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Foto: Vista desde una de las unidades. Al fondo, el mar de la bahía San Antonio.

   
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